El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón por realizar el aborto.

La joven de 21 años se acercó al hospital mencionado para acceder a la ILE. Todo consta en historia clínica y, tal como indica la Ley, la mujer fue asistida por un equipo de profesionales de la salud que, ante su solicitud para interrumpir el embarazo, consideraron que su pedido era viable.

Según indicó la integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta, Verónica Cuevas, a Radio Nacional, las complicaciones comenzaron cuando un médico, que no respetó la confidencialidad de la paciente, se comunicó con un familiar de la joven y le informó que se estaba por realizar un aborto.

A partir de estas declaraciones, los familiares de la joven realizaron una denuncia penal contra la médica acusándola de homicidio. El fiscal penal y el juez dieron lugar a la acusación y ordenaron la detención de la profesional. “El acto jurídico del juez y el fiscal está privando a las mujeres del NOA al acceso de un derecho”, sostuvo Cuevas, y agregó: “Estamos todos en alerta nacional: antes iban por las mujeres y ahora van por los profesionales”.

«El fiscal tiene 10 días para resolver, es decir que puede estar 10 días privada de la libertad», afirmó Cuevas sobre la situación de la médica.  “Están basados en una justicia patriarcal. Hay un hostigamiento claro de grupos anti derechos que están fogoneando desde las redes y los medios públicos difundiendo falsa información”, expresó la delegada de la Red.

Desde la Red de Profesionales por el derecho a decidir emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido y exigiendo la liberación de la médica. Además, convocaron a un pañuelazo a las 12 del mediodía frente al hospital y a las 15 concentrarán con distancia en la Casa de la Provincia de Salta: Roque Sáenz Peña 933 CABA.