Diputados de Juntos por el Cambio presentaron en la Cámara Baja un pedido de informes para que el Gobierno brinde precisiones y aclare dudas y sospechas vinculadas a supuestos beneficios impositivos para el laboratorio Richmond, que envasa las vacunas Sputnik V en la Argentina.

En el escrito se hace referencia al ingreso de Richmond en el acuerdo y que es esta firma -presidida por Marcelo Figueiras- la que actualmente entrega dosis al país luego de que la Federación Rusa envía al país el principio activo para que aquí se realice el proceso final.

Carmen Polledo, que encabeza el pedido de informe, solicitó formalmente saber si Richmond goza de excepciones del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, al importar el principio activo para la producción de la vacuna Sputnik V.

Antes de que llegaran las primeras Sputnik V al país en diciembre de 2020, se sancionó la Ley de Vacunas que consistía, entre otras cuestiones, en la exención del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, tasa o arancel aduanero o portuario solo se limita a las vacunas y descartables que sean importados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la normativa no habla de principios activos y tampoco de empresas privadas como Richmond.

En este contexto surge el interrogante acerca de si las dosis que hasta el momento la Argentina le pagó a Richmond contemplaba o no estos impuestos. El contrato original con el Fondo Ruso de Inversión directa establecía el valor de U$S 9,9 cada suero.

Desde la empresa respondieron en diálogo que el precio por dosis es el mismo que se estipuló en el contrato original. Los diputados de Juntos por el Cambio quieren saber el importe total que le hubiese correspondido pagar a Richmond en caso de no disponer de excepciones impositivas ni aduaneras. Este medio se comunicó con el laboratorio pero aún no obtuvo respuesta.