La alianza opositora emitió un comunicado insólito para posicionarse en contra de la manifestación del próximo martes.
En la antesala de la movilización del 1F contra la actual Corte Suprema, la alianza Juntos por el Cambio se posicionó en contra y lanzó un comunicado en el que resaltan que la Constitución establece el modo para remover jueces.
«Este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno», subraya el documento, y advierte que «se trata lisa y llanamente de una actitud golpista».
El espacio opositor cuestionó el apoyo de funcionarios nacionales, incluido el presidente Alberto Fernández, a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes. La acusación se torna insólita debido a que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó el pasado viernes que el Gobierno nacional «no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales».
El comunicado sostiene que «ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos».
Tras ratificar el supuesto «compromiso con la defensa de la Constitución y la Justicia», la oposición recayó en su principal obsesión y aseguró que el interés del Gobierno «siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidenta (Cristina Kirchner)».
«Simultáneamente, se han tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo `lawfare´, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa entonces si esos graves hechos existieron o no, y quienes los cometieron, todo cae en la bolsa común del `lawfare´», añadió el texto difundido.
