Guzmán junto a Carlos Heller en el Congreso

El Gobierno envió al Congreso este mediodía la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que comenzará a ser debatido en los próximos días. El memorando de entendimiento con el organismo incluye metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central y de acumulación de reservas, pero también proyecciones de inflación, un esquema de suba de tarifas y recorte de subsidios y menciona la posibilidad de desarmar de manera paulatina los controles cambiarios.

En el texto, que consiste en un mensaje principal y dos anexos, se brindan las definiciones políticas, técnicas y los objetivos cuantitativos del nuevo programa. Son dos memorandos: el de políticas económicas y uno técnico. El primero hace un balance de los primeros dos años de mandato de Alberto Fernández en términos de medidas económicas y justifica por qué la Argentina necesita refinanciar su deuda con el organismo. Además, plantea los lineamientos principales y hace una declaración de principios sobre cuáles son los objetivos del programa.

“Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PIB crezca 3,5-4,5% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% – 2,25% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales”, confirmó el paper enviado al Congreso.

“Continuaremos saneando las finanzas públicas de una manera favorable para el crecimiento, y en forma coherente con la sostenibilidad de la deuda. Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022 (criterio de ejecución cuantitativo), que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024″, detallaron.

Cepo cambiario: próximos pasos

Con respecto a los controles de cambios, el Gobierno asegura que se formulará una estrategia basada en las condiciones para “relajar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital”. En ese sentido, según una hoja de ruta prevista en la letra chica del acuerdo, la elaboración y publicación de ese plan para desarmar el cepo cambiario y convertirlo en controles “macroprudenciales” debería estar terminado a fin de este año.

“Tenemos previsto trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios describiendo las condiciones necesarias y los objetivos, también en vista a apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado internacional a partir de 2025. Esta hoja de ruta, que se preparará en comunicación con el personal técnico del FMI, se basará en experiencias pertinentes de países, teniendo en cuenta factores específicos de Argentina, como el perfil de su deuda pública, la cobertura de las reservas y el alto grado de dolarización. La estrategia consistirá en converger hacia un sistema de regulaciones macroprudenciales que propicie los flujos de capital estables y sostenibles. Nuestra hoja de ruta estratégica será publicada”, explica el anexo.

Este jueves, en una conferencia de prensa, los funcionarios del Fondo Monetario pusieron énfasis en que el programa apunta a “encontrar formas de mejorar los mecanismos de control de capital”. Julie Kozack, que lideró la mesa negociadora con la Argentina, consideró que en su momento fueron “reforzados para preservar reservas”, pero que el programa acordado este jueves auspiciará “un plan para reducir esos controles” y migrar hacia “un esquema de controles macroprudenciales”.

Tarifas y subsidios: cómo será la segmentación

Sobre las tarifas y los subsidios, un elemento que trabó la negociación entre Buenos Aires y Washington en la recta final de la negociación, el memorando estipula un esquema para atar la evolución de los precios de servicios públicos al crecimiento de los salarios, con sistemas diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos de cada usuario. El programa prevé como meta reducir el gasto en subvenciones a la energía en torno de 0,6% del PBI.

“Las acciones de corto plazo estarán enfocadas en la reducción de los subsidios energéticos previstos en nuestro escenario base para 2022, guiada por criterios de equidad y justicia distributivas”, afirma el documento. Al respecto, detalla una serie de medidas que estarán incluidas en el acuerdo.

En primer lugar, “se han tomado medidas para aumentar la producción energética y reducir el costo de la generación eléctrica, incluso mediante el Plan Gas, que redujo casi a la mitad el precio garantizado del gas licitado en las nuevas subastas (de US$7,5 a US$3,5 por millón de BTU -unidad de medida del gas-). Asimismo, estamos realizando esfuerzos para aumentar la inversión en la producción y el transporte de energía durante los próximos años de manera que podamos hacer frente a la demanda doméstica y reducir la dependencia de onerosas importaciones de energía”, asegura el Gobierno.

Luego detalla el alcance del esquema de segmentación de tarifas. “Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago”, explicó el Ministerio de Economía.

“Siguiendo todos los mecanismos institucionales, antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022, y ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación”.

“El Gobierno reconoce la incertidumbre significativa que hay en los mercados mundiales de energía y se compromete a adaptar su estrategia energética para cumplir con sus objetivos fiscales y económicos”, mencionó, en relación a un aumento de los precios internacionales en medio de la guerra en Ucrania.

“Como parte de este compromiso nos proponemos alcanzar niveles de tarifas energéticas (de electricidad y gas) razonables, que serán actualizadas de manera justa y equitativa. A tal efecto, y siguiendo nuestros mecanismos institucionales, antes de que finalice abril convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de actualizar los precios mayoristas de la energía con vigencia a partir del primero de junio de 2022″, continúa el texto, publicó Infobae.

“Para los usuarios residenciales las actualizaciones serán en base al crecimiento del salario promedio”, propone el memorando. “Los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán una revisión tarifaria equivalente al 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; y para el resto de los usuarios residenciales, excluyendo aquellos sujetos al esquema de segmentación de subsidios descripto anteriormente, la revisión de las tarifas energéticas será equivalente al 80% del coeficiente de variación salarial del año anterior. En ambos casos, para el año 2022 se incluirán los incrementos aplicados durante todo el año calendario, dentro de dichos porcentajes, respectivamente”, detallaron.