“El plazo de los contratos y el mecanismo de actualización serán los ejes. No tanto la fórmula del índice sino su periodicidad, que sean al menos dos ajustes anuales”, adelantó la diputada que impulsará el debate legislativo.
En los últimos días comenzaron algunas reuniones entre legisladores y referentes de los distintos sectores vinculados a los alquileres. Uno de los temas que debe definirse es si se va a conformar una comisión especial para el tratamiento de las modificaciones, algo que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa o si se hará a través de las comisiones permanentes.
“Estamos esperando la conformación de las comisiones y también nos vamos reuniendo con los distintos actores que van pidiendo audiencia. Estuve con el Colegio de Martilleros y voy a reunirme con la Cámara Inmobiliaria. De esta forma, vamos generando los contactos para cuando se debata el tema, ya sea en comisión especial o a través de las comisiones permanentes”, dijo la diputada Marcela Passo, que impulsará el debate legislativo.
Según adelantó la legisladora, los puntos clave a cambiar son dos: la actualización de los alquileres -que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación- y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. Lo que no está definido es si una vez que se presente el proyecto se suspenderá la aplicación de la ley vigente.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina resaltaron que su propuesta es que la actualización de los contratos sea cada seis meses y de acuerdo al índice actual o a otros índices alternativos, como puede ser el que mide la evolución de los salarios. “También creemos que las provincias deben tener injerencia en la aplicación, porque no todo el mercado inmobiliario es igual a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, dijo a Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.
La cámara también va a pedir que la extensión del blanqueo para la construcción incluya una opción que permita destinar el dinero no declarado a la compra de propiedades usadas -no solo nuevas o a construir- con beneficios en el caso de que luego se destine al mercado de alquileres.
La Ley de Alquileres, vigente desde mediados de 2020, fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Los principales cambios que introdujo en los contratos de alquileres fueron la duración -el mínimo pasó de dos a tres años- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
Desde el mercado inmobiliario aseguran que desde la implementación de la nueva ley la cantidad de propiedades en alquiler se redujo, lo que provocó un aumento de los precios iniciales de los nuevos contratos. Y que las subas anuales terminan siendo muy altas para los inquilinos. Este mes, por ejemplo, la actualización para los que cumplían 12 meses de contrato se acercó al 52 por ciento.
