La Corte Suprema de Justicia les otorgó a los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires un nuevo plazo de 15 días corridos para seguir negociando el traspaso de fondos para financiar la Policía porteña, discusión que comenzó cuando la Nación le quitó a la Ciudad un porcentaje de su coparticipación.

El pedido de la prórroga se había realizado después de la última reunión entre las partes, el miércoles 20 de abril, en una carta en la que todos los jueves fueron actualizando sobre los avances o retrocesos de la negociación. El primer plazo que había dado la Corte se vencía ayer, 26 de abril.

La nueva fecha límite es el 11 de mayo y, hasta ese momento, tendrán la posibilidad de cerrar un acuerdo en el monto de los fondos que deben transferirse, el punto clave de la negociación y en el que aún hay una distancia grande.

Esta semana no habrá encuentro entre las autoridades de los dos gobiernos. Volverían a juntarse recién el miércoles de la semana próxima cuando retorne al país el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien con una amplia delegación de gobernadores y funcionarios de su área está de gira por Israel.

Las conversaciones para lograr un acuerdo habían sufrido un estancamiento en las últimas veces en que se encontraron en las oficinas del ministerio del Interior en la Casa Rosada. Desde ambas administraciones creen que será la Corte Suprema la que terminará decidiendo cuál es el monto que anualmente el Gobierno le debe transferir a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Tanto Nación como Ciudad presentaron nuevas propuestas en la mesa de negociación para coincidir en un monto. Una cada uno. Ambas fueron rechazadas. La delegación porteña cree que el monto es insuficiente y el Gobierno sigue sosteniendo que el dinero que piden sobrepasa el costo de mantenimiento de la Policía. Hasta ahora llevan ya seis reuniones, que se hicieron todos los miércoles desde que el máximo tribunal obligó a una conciliación, pero los fondos se empezaron a tratar en las últimas tres.

Hasta el momento las partes se habían puesto de acuerdo en el mecanismo de traspaso y actualización: un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación. Además, será por fuera del sistema de coparticipación. Pero el acuerdo debe ser integral.