El fiscal general ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe dictaminó que hay que anular el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El Ministerio Público sostuvo que el juez de Dolores que instruyó el caso, Martín Bava, al momento de la indagatoria no informó “acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes” en contra del ex jefe de Estado, situación que le impidió ejercer su derecho de defensa.

“Luego de cotejadas las actuaciones, advierto que en el presente caso se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional)”, sostuvo la fiscalía, que se pronunció a raíz de los planteos de nulidad formulados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri. Según dijo el fiscal, el procesamiento se debería anular y ordenar una nueva indagatoria para informarle de los hechos correctamente.

Tras analizar las actas de la indagatoria y el procesamiento, el Ministerio Público concluyó: “No nos enfrentamos en el auto de procesamiento cuestionado con una mera descripción de los acontecimientos en otros términos pero referidos a los mismos hechos enrostrados, sino que se advierte con claridad que en el resolutorio impugnado se incurrió en una ampliación de la plataforma fáctica no impuesta previamente al encartado y sobre lo cual no pudo formular su respectivo descargo, lo que de por sí acarrea la nulidad del último acto por violentar el derecho de defensa en juicio mencionado al inicio de esta presentación”.

Y añadió que, según aseguró el imputado en su descargo, “en el acto de la declaración indagatoria no le fue impuesta la prueba existente en su contra, sino un listado completo de todos los actos procesales sustanciados, extremo éste que también obtura la posibilidad de rebatir la prueba existente en su contra”.

El dictamen será evaluado por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes deben revisar las decisiones adoptadas por el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y su reemplazante Martín Bava.

La semana pasada –en dos audiencias- los magistrados oyeron a los familiares de las víctimas pidiendo ratificar el procesamiento y mandar a Macri a juicio oral. También recibieron el pedido de la defensa del ex jefe de Estado para que se dicte su sobreseimiento. Quedó pendiente, además, un pronunciamiento sobre los procesamientos dictados sobre ex funcionarios de la AFI.