Después del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hizo el lunes el fiscal del juicio de la Obra Pública, Diego Luciani, la vicepresidenta Cristina Kirchner respondió las acusaciones en su contra en un transmisión titulada «Derecho de defensa«.

Es que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 rechazaron ayer el pedido que presentó por medio de su abogado Carlos Beraldi para ampliar su indagatoria. De esa manera, usará su cuenta de YouTube para responder los principales puntos de la acusación de Luciani, quien concluyó en su etapa de alegatos que la vice y actual titular del Senado fue la jefa de una asociación ilícita destinada a favorecer con contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez.

Entre las pruebas que presentó, se valió de un total de 9.000 páginas de mensajes del ex secretario de Obras Públicas, José López, donde se constataba su relación con el empresario Nicolás «Nicky» Caputo. Además, dijo que el juicio es «contra el peronismo» y cuestionó los criterios de Luciani y Sergio Mola. Esas mismas páginas fueron presentadas como prueba por parte de los fiscales.

La Vicepresidenta comenzó hablando de su derecho a la defensa “de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas”.

“La sentencia ya está escrita, como dije en alguna oportunidad”, cuestionó Cristina Kirchner a los fiscales y jueces que la juzgan en la causa Vialidad.

“La primera resolución de Javier Iguacel en Vialidad es ordenar una auditoria en Santa Cruz, y presenta la denuncia ante Ercolini y (el fiscal Gerardo) Pollicita”, alegó sobre el actual intendente de General Sarmiento que fue funcionario en el macrismo. Al comenzar su alocución, había manifestado que el juez Julián Ercolini se había declarado incompetente en una denuncia anterior por corrupción de la obra pública, una posición que modificó años más tarde.

Recogiendo distintas tapas de medios, agregó: «Nadie sabe de donde salen las cifras que dicen«, en referencia a los montos de la supuesta corrupción que se juzga. En el noveno alegato, Luciani aseguró que el desfalco contra el estado fue de más de 5 mil millones de pesos.