El refuerzo será para quienes no reciben ingresos ni asistencia del Estado y no tienen bienes registrados. Las organizaciones sociales advierten que quedan excluidas personas en situación de indigencia.

El Gobierno anunció este jueves la apertura de inscripción a un bono de $45.000 para quienes no reciben ingresos ni asistencia del Estado y que no tienen bienes registrados. Si bien las organizaciones sociales reconocen su importancia en la crisis económica actual, cuestionan que los requisitos limitan el acceso de personas que, aun teniendo algún tipo de ingreso, están en situación de indigencia.

De acuerdo con los últimos datos del Indec, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), de $54.550 en octubre, no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos (CBA) de una familia tipo, que se ubicó en $56.732 en septiembre.

La CBA marca el umbral a partir del cual esa familia tipo es considerada indigente y hay unos 6 millones de trabajadores que reciben ese ingreso en la Argentina, a los que se deben sumar los del sector informal, que tienen al SMVM como parámetro.

Según los requisitos dispuestos por el Ministerio de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), todo ese universo quedaría afuera del nuevo bono para sectores vulnerables. La estimación oficial es que alcanzará a dos millones de personas.

Enojo de las organizaciones sociales por las limitaciones del bono

Conocida la decisión, las organizaciones sociales no alineadas con el Gobierno destacaron el lanzamiento de este nuevo bono -que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre-, pero cuestionaron, por un lado, la poca cobertura social y por otro, la cifra.

“Creemos que toda ayuda es importante en un momento como este, pero las incompatibilidades que plantea no son justas. Hace falta tener en cuenta que hay muchas personas que están por debajo de la línea de indigencia y que con esta ayuda no se las va a contemplar”, dijo, a TN, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.

La decisión de dar el bono se tomó en los equipos económicos del Gobierno tras la fuerte presión de las organizaciones sociales, a las que se sumaron sectores más duros de la coalición del Frente de Todos, que cuestionan fuertemente la escalada inflacionaria del último año.