El reclamo unánime los intendentes del sur del Conurbano Bonaerense contra la empresa EDESUR por los reiterados cortes de servicio en los populosos barrios que integran sus jurisdicciones escaló ésta semana, y con el aval del mismo Gobernador Kicillof se exigió una “respuesta positiva” a la empresa de servicio eléctrico que da prestaciones a 2,5 millones de usuarios.
Aunque la compañía distribuidora, lo niega, desde hace años esas fallas son atribuidas a la falta de “inversión” en el sistema eléctrico. Así lo ha venido denunciando la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) que conduce Carlos Minucci, quien volvió a definir la situación en Estado de Alerta como “la crónica de un final anunciado” ya que “la falta de inversión en las cámaras, los cables, la baja dotación de personal propio, la falta de material” iba a desencadenar en cortes masivos de luz.
Minucci culpó a la “recesión” del área de energía eléctrica durante los cuatro años del macrismo donde “con una tarifa muy alta, y con baja de consumo en las fábricas y en el consumo residencial fueron sobreviviendo con cortes pautados”, pero hoy con los primeros fríos ya el sistema “no se sostiene”.
Y no sólo atribuyó al gobierno anterior la cuestión sino a los 30 años de privatización del servicio donde “se hacen negocios y no se piensa en el usuario”. En ese sentido el sindicalista insistió en que “el servicio público tiene que estar en manos del Estado” y que “tanto la luz como el gas y como las cloacas y el agua tienen que estar en manos del Estado porque el Estado es el único que puede responder a la sociedad”, disparó.
Ante la consulta de tener un fuerte control sobre las empresas por parte del Estado se mostró desilusionado y volvió a golpear: “si en el ENRE puse los dueños de las empresas, seguramente no habrá sanciones”, dijo apuntando a que quienes manejan el ente regulador y también las empresas CAMESA o TRANSENER son funcionarios vinculados a las compañías cuestionadas, que finalmente se transforman “en cuatro grandes grupos que manejan la energía en la Argentina, cuyas ganancias se van del país.
En el medio surge el debate de convertir en ministerio el área de energía que hoy funciona como secretaría y que abandone el rol de Secretaría para atender no sólo las cuestiones de consumo “sino de precariedad, de los parches que se han puesto para solucionar los distintos problemas que tiene el servicio” que aumentarán a medida que el país pueda comenzar con cierto crecimiento económico pospandemia.
Detrás de ésta disputa, Minucci aseguró que las empresas seguramente están detrás de una búsqueda de un “descongelamiento de tarifas” y un “aumento de precios”, aunque confió en que “no están en condiciones de negociarse incrementos ya que se declaró la nulidad de la fórmula de RPI con lo que se fijó la tarifa del 2016 al 2019 que llevó a los tarifazos”.
Fuente: Estado de Alerta
