Marijuan quiere determinar por qué se tomó esa decisión y no se avanzó en poda más grande del beneficio.

La semana pasada, Tolosa Paz anunció la baja de 2.243 Planes Potenciar Trabajo en el marco de la denuncia penal impulsada por Marijuan donde cuestionó el otorgamiento de más de 253.000 planes.

En la denuncia penal había solicitado que hasta tanto se clarifique la situación, debían suspenderse todos esos planes que se encuentran bajo investigación y que a fin de mes representarán una erogación de unos $ 7.000 millones para el Estado. El fiscal Marijuan había pedido que ese dinero no se desembolse ante las irregularidades detectadas.

Según informó el Gobierno, desde la cartera que dirige Tolosa Paz se cruzaron datos proporcionados desde la AFIP y con la base del Banco Central para identificar las operaciones que involucraron a los beneficiarios de los planes que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social de la Cartera ministerial.

Tolosa Paz informó sobre 430 titulares del Potenciar habían comprado u operado con dólar- ahorro en los últimos 6 meses por un total de 293 mil dólares. Sin embargo, nada más que 23 personas, que hasta este viernes permanecían en el padrón, concentraron casi la mitad de esas operaciones.

En otro tramo ese informe difundido por el Poder Ejecutivo para bajarle el tono al escándalo, desde septiembre de 2020, desde que rige esa incompatibilidad, un total de 2098 receptores del programa habían comprado US$ 864 mil. “Si hay capacidad de ahorro, quedan inmediatamente excluidos del Potenciar Trabajo. Una de las condiciones es la vulnerabilidad social”, explicó la funcionaria.

El entrecruzamiento de información permitió identificar además compras en dólares por tarjeta de crédito de 82.272 titulares. El promedio del consumo, según especificó la ministra fue ínfimo: US$ 1.55 dólares, que se explican por contratación de servicios de streaming o plataformas de videojuegos.

Desde septiembre de 2020 a la fecha 145 titulares han adquirido compras que van desde los US$100 dólares a los US$ 50 mil en 26 meses. Son operaciones muy llamativas y preocupantes por un tota de US$ 1 millón”, insistió la funcionaria.

A la suspensión temporal del programa social, se sumó a otros 947 titulares, que registraron operaciones sospechosas. Se los evaluará en una segunda auditoría ordenada por el Ministerio.

Por ese motivo el representante del Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar sobre Tolosa Paz «con el objeto de conocer los pormenores por los cuales adoptara tal medida ante las circunstancias apuntadas», publicó Clarín.