La primera reunión de la comisión será convocada para el próximo 26 de enero. El 9 de febrero se definirán las causales de acusación contra los cuatro magistrados, que amparados en la ley no concurrirían a la Cámara de Diputados

Con el aval público de Alberto Fernández y el apoyo silencioso de Cristina Kirchner, la bancada oficialista de la Cámara de Diputados resolvió ayer el cronograma de trabajo que ejecutará la Comisión de Juicio Político para aprobar las acusaciones presentadas por el Gobierno contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

Esa hoja de ruta iniciará hoy con la convocatoria formal a las reuniones de la Comisión de Juicio Político, que empezarán el 26 de enero, continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 11 casos ya presentados, y tendrá un pico de tensión institucional el próximo 9 de febrero.

Ese día, los 16 miembros peronistas resolverán que la Comisión de Juicio Político trate todas las acusaciones que empuja el Presidente contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En la Comisión de Juicio Político se han presentado 11 denuncias -ente el oficialismo, la oposición y particulares-, pero los diputados peronistas votarán a favor de los casos que tienen el aval de Balcarce 50 y los 11 gobernadores oficialistas.

El jefe de bloque de Diputados, Germán Martínez, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Claudia Penacca, resolvieron ayer ese cronograma de trabajo que será impuesto a los legisladores de la oposición.

El oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político y fija las reglas de juego.

Alberto Fernández, Germán Martínez y Carolina Gaillard durante un encuentro en Olivos para tratar el juicio político a la Corte Suprema

El proyecto de Resolución solicitando el juicio político que presentó Eduardo Valdés -junto a otros 14 diputados peronistas- tiene 410 fojas de extensión. Ese proyecto divide las acusaciones por cada integrante de la Corte Suprema y hace eje en sentencias del alto tribunal vinculadas a la Coparticipación Federal, el Consejo de la Magistratura, los Derechos Humanos -caso Muiña- y la Obra Social del Poder Judicial.