Una localidad de la provincia de Mendoza se prepara para volver a elegir a su reina de la Vendimia a pesar de que una ordenanza lo impedía. Ocurre que ahora la Corte Suprema de esa provincia publicó un fallo en el que allanó el camino para habilitar la tradicional elección y el municipio trabaja para cumplirlo.

Se trata de Guaymallén, una localidad del Gran Mendoza, donde la cabeza del Poder Judicial de la provincia declaró inconstitucional una ordenanza que prohibía esa elección y cualquier otro tipo de concurso de belleza. 

Esa normativa impugnada judicialmente databa de marzo de 2021 y había sido aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad, pero con el paso del tiempo hubo algunas críticas por vía judicial y la Corte habilitó una instancia de audiencia pública para escuchar la postura de los ciudadanos y ciudadanas.

Con eso, los cortesanos decidieron por mayoría el sentido del fallo, donde se cuestionó la facultad del órgano legislativo local para tomar ese tipo de decisiones.

Ante eso, la Municipalidad ahora trabaja a destiempo para cumplir el fallo y llevar a cabo la fiesta donde se hará la elección. Al menos así lo aclararon a través de un comunicado oficial. La misiva dice: «Sin perjuicio de entender que la ordenanza municipal fue fruto de un amplio consenso democrático, cuyo objetivo es y será transformar los derechos de las mujeres en políticas de Estado, la Municipalidad de Guaymallén informa que realizará todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo lo resuelto por la Corte, respetando siempre la división de poderes como base del Estado de derecho».

Cómo cumplirán con el fallo en Guaymallén

Será a través de una fiesta el próximo 10 de febrero. 

«Considerando el exiguo tiempo con el que se cuenta, se están evaluando diferentes opciones para dar cumplimiento a la resolución judicial«, aclaró el comunicado oficial referido antes.

Por ejemplo, uno de los ministros, Julio Gómez, sostuvo que «la prohibición que impide a las mujeres de Guaymallén participar de la fiesta constituye en sí misma una infracción a los derechos que supone resguardar«.

Y agregó: «La solución de prohibir contenida en la ordenanza, necesariamente dirigida a la comunidad pueblo, toma la forma de una medida sospechosa en cuanto a su finalidad y en principio contradice el deber de respetar, en materia cultural, la actuación libre de quienes se expresan en su creatividad«.