El Gobierno ingresa en la etapa final y se prepara para afrontar una semana clave en materia de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, cuando faltan apenas siete días hábiles para el cierre de la operación que es considerada la «ultima oferta» por el presidente Alberto Fernández.
Con los plazos técnicos sobre el límite para cerrar la operación de deuda el 4 de agosto, como estaba inicialmente previsto, el Gobierno reforzó esta semana la idea de que la propuesta enviada a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) el pasado 6 de julio se trata de la última oferta, pero dejó una ventana abierta en el terreno legal como último recurso de negociación para acercar posturas con los acreedores más duros,
Si bien desde el entorno del equipo económico de Martín Guzmán se mantienen en pleno hermetismo sobre los últimos movimientos, los mercados operaron durante toda la semana con el rumor de que el Gobierno podría finalmente alcanzar un acuerdo, al flexibilizar condiciones en algunos de los términos legales propuestos por el grupo más duro liderado por Blackrock, que a último momento bajó sus pretensiones y logró acordar con los tres grupos de acreedores para presentar una contraoferta el pasado lunes.
Dicha oferta está muy cerca en valor económico respecto de la postura oficial -bancos de inversión internacionales calcularon una diferencia total de 1.600 millones de dólares entre puntas-, al tiempo que limó algunos de los ocho planteos legales el fondo manejado por Larry Fink, algunos abiertamente considerados abusivos por la comunidad internacional.
En este marco, el presidente Alberto Fernández lanzó un mensaje ante el influyente foro del Council of Americas, de empresarios e inversores: «Confío en que los acreedores entiendan que es el último esfuerzo que podemos hacer», dijo el Jefe de Estado, quien subrayó que la oferta argentina «no es un capricho, es sensatez».
También dejó en claro la posición legal, y una disposición de abrir ciertos aspectos de la discusión legal, si pasa el filtro del G20 y el FMI.
«Una de las cosas que debemos respetar son las normas», «y las normas internacionales para dirimir reglas soberanas están escritas; y nosotros utilizamos eso, y si el mundo decide cambiarla asumiremos este cambio, pero lo que no puede ser es cambiar sobre la marcha, cuando las normas están escritas y para ser cumplidas», subrayó.
Un día después, la presidenta del Council of Americas, Susal Segal, emitió un fuerte respaldo a la propuesta argentina al sostener que «la oportunidad de un acuerdo entre la Argentina y sus acreedores es ahora», ya que la misma «es balanceada y justa».
«Los bonistas tienen que escuchar lo que dice el Presidente (Alberto Fernández). El Presidente dijo muy claramente que ésta es la última oferta y los bonistas tienen que tomarlo en serio», insistió Segal, quien afirmó que «hay una oportunidad única ahora de cerrar el acuerdo» por la deuda.
La última oferta presentada por la Argentina contuvo una importante mejora respecto de la propuesta presentada el pasado 21 de abril, de al menos 13 dólares cada 100 dólares de valor nominal de deuda, al ubicarse dentro de un rango de entre 53 a 58 dólares de valor de recupero.
Este valor es un estimado, contemplando una tasa de salida de los nuevos bonos de 10%, pero al respecto ya comenzaron a salir informes desde Wall Street de que dicha tasa podría ser menor si hay acuerdo, elevando implícitamente el valor de la oferta para los acreedores, según el jefe de emergentes para Mercados Globales de XP Investments, Alberto Bernal, en declaraciones efectuadas a FM Millenium.
En la línea de que primará la «racionalidad» de un acuerdo hay bancos de inversión como Morgan Stanley y Goldman Sachs; economistas locales liberales y hasta economistas más cerca de este Gobierno, como es el consultor y ex viceministro de Economía, Emammuel Alvarez Agis,
Otro dato que destacan los analistas es el proyecto de ley de reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación local, que será debatido en el Senado y tiene los mismos parámetros que la iniciativa que se lleva adelante con los títulos bajo ley extranjera.
Además de significar un alivio de 20.000 millones de dólares para el Gobierno en los próximos 10 años, según se estipuló en el proyecto de ley, la oferta de deuda local es muy importante también para acreedores del exterior, como Fidelity y Pimco, que también tienen una alta participación de bonos bajo ley local y que pedían el mismo trato para estos bonos que para sus tenencias de bonos argentinos bajo ley extranjera.
Donde el mercado ve una traba que podría asegurar un acuerdo si el Gobierno flexibiliza su postura, es en el tratamiento de su facultad para hacer uso o no de la reasignación de los bonos en post del canje, para lograr alcanzar la mayorías necesarias en operaciones sucesivas.
Blackrock y otros acreedores quieren que el Gobierno argentino diga de manera explicita que no utilizará esta estrategia en detrimento de los intereses de dichos fondos, algo similar a lo que plantearon antes de la firma del acuerdo de reestructuración de deuda con Ecuador.
Por el momento, desde el Gobierno subrayan en público que sus parámetros están en linea con lo que postulan los países del G20 y el FMI, pero el mercado operó toda la semana apostando a que Fernández accedería finalmente con este planteo si tiene garantías de que habrá un acuerdo.
