«De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral» del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, «es totalmente incompatible con la función judicial», advirtió Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia por la segunda recusación planteada contra la jueza a cargo de la causa del intento de magnicidio.

«El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes«, señaló, luego de recordar que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de quien dependía ese organismo, se consiguió una designación como profesor allí apenas se tomó licencia en el cargo tras el escándalo de los chats donde habla de fallos de su interés con un colaborador del supremo Horacio Rosatti. El otro punto crítico que expuso el letrado y que completó José Manuel Ubeira, es que Capuchetti no investigó hasta ahora la responsabilidad de la policía porteña, también bajo órbita de D’Alessandro, en el ataque a CFK, pese a que tenía desplegados gran cantidad de agentes de la zona de su casa ese día y los previos.

Fuente: Página 12