El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia abroqueló en su contra a los extremos de la política boliviana con su decisión de postergar para el 18 de octubre, frente a la pandemia de coronavirus, las elecciones que estaban convocadas para el 6 de septiembre, ya que mientras sectores obreros e indígenas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen que se respete la fecha acordada, la derechista alianza Creemos pide anular el proceso electoral y «prender la chispa otra vez en octubre».

La nueva postergación prende luces de alarma en el MAS, cuyo candidato presidencial, Luis Arce, lidera cómodamente las encuestas de intención de voto y podría ganar en primera vuelta, mientras que para el resto de los partidos sería la oportunidad de intentar, una vez más, armar una alianza para evitar el regreso al poder de la fuerza que lidera Evo Morales, y el argumento de la pandemia, que es real y dramática en Bolivia, es difícil de rebatir.

«No vamos a permitir la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre. Exigimos el respeto a la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para que se lleve adelante las elecciones promulgadas por el poder Ejecutivo, el 6 de septiembre», aseguró Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), citado por el diario boliviano Página Siete.

La COB convocó a una marcha para el martes contra lo que tildó de «golpe a la democracia». La caravana partirá desde Senkata, a 40 kilómetros de La Paz y se dirigirá hasta El Alto, ciudad periférica a la capital boliviana.

En la misma noche del jueves, a horas de que el TSE decidiera unilateralmente la postergación, la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba emplazó al TSE para que en 72 horas «se rectifique de su posición unilateral y contraria a la normativa vigente» y «garantice las elecciones del 6 de septiembre» en cumplimiento «de los acuerdos con las organizaciones políticas».

Pasado ese plazo, advirtieron los miembros de la Coordinadora, «iniciaremos movilizaciones indefinidas en todo el territorio nacional».

El concepto de decisión unilateral también fue tomado por el expresidente Evo Morales, asilado en la Argentina desde diciembre, tras el golpe de Estado que forzó su renuncia en noviembre del año pasado.

«En las dos oportunidades en las que se modificaron los plazos para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral envió notas a la Asamblea Legislativa poniendo en consideración de ésta esas modificaciones. Ahora lo hace unilateralmente, dándole un golpe a la democracia», dijo el exmandatario indígena en su cuenta de Twitter.

«El Tribunal Supremo Electoral y el gobierno de facto coinciden en intentar restar valor a la Asamblea Legislativa. La resolución de postergación de las elecciones pretende cerrar la Asamblea, un Órgano del Estado nacido del voto del pueblo. No al golpismo», había dicho Morales ayer, por la misma vía.

Dos organizaciones fuertes del masismo, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, y las Bartolinas, también exigieron que el TSE ratifique la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. «La paciencia del pueblo boliviano tiene límites», expresaron desde la primera organización.

Segundina Flores, máxima dirigente de las Bartolinas, manifestó que «todas las organizaciones que vivimos en nuestro país estamos molestas». Mientras que Leonardo Loza, dirigente cocalero, dio un ultimátum al TSE y expresó que si hay «derramamiento de sangre» será responsabilidad del organismo electoral.

Desde el otro extremo del arco político boliviano, Juan Carlos Manuel, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), manifestó que están «disconformes» con la postergación de las elecciones que dispuso el TSE, pero por otras razones.

«Nuestro pronunciamiento es por la anulación de la convocatoria», declaró el dirigente a Página Siete.

El líder cívico manifestó que con la postergación no se soluciona el problema porque, aseguró: «Hay muchas falencias para ir a elecciones. El tema del padrón, el tema de la Ley 421… todas esas cosas tienen que subsanarse. Se peleó para salvar la democracia, por eso es que nosotros nos movilizamos».

En tanto que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó que los cívicos piden que se anule la convocatoria a las elecciones. «No estamos de acuerdo con la fecha, con el padrón electoral, no estamos de acuerdo que los bolivianos no valgamos lo mismo…», aseguró.

«Estamos aquí con plataformas dispuestos a demostrarles, a salir a las calles. No se olviden que octubre es un mes muy importante para la democracia de Bolivia. No sea que en octubre de este año aquí se vuelva a prender la chispa otra vez», declaró el cívico a Notivisión.

El martes, los comités cívicos del país emitieron un pronunciamiento, en el que exigieron «la anulación de la convocatoria del proceso electoral del 6 de septiembre de 2020 y realizar una nueva convocatoria al proceso».

Por su parte, tras conocerse la nueva fecha, el candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, sostuvo: «Los bolivianos iremos a las urnas cuando votar no sea sinónimo de contagio».

José Carlos Gutiérrez, exdiputado y candidato al Legislativo, manifestó que la postergación de las elecciones les da la razón porque se estaba llevando al pueblo boliviano al suicidio. «Las elecciones deben anularse y realizar una nueva convocatoria, donde el voto del ciudadano valga lo mismo en el campo que en la ciudad», tuiteó el legislador.