El organismo exige que se depure el padrón y que el monto total percibido en el caso de superposición de planes no supere el equivalente a un salario mínimo para alentar el ingreso al mercado laboral.
Mientras desde el Gobierno se hizo foco, durante la última negociación con el Fondo Monetario, en la modificación de la meta de acumulación de reservas por el impacto de la sequía, desde el organismo multilateral de crédito el énfasis quedó puesto es sostener el sendero de reducción de déficit fiscal y el control del gasto público. Por eso, el equipo económico no logró que también sea revisada la meta fiscal, cuyo incumplimiento en el primer trimestre del año se da por descontado dado el rojo acumulado en los dos primeros meses del año. El objetivo se mantuvo en 1,9% del PBI para 2023.
Para alcanzarlo, el FMI detalló en el último staff report, el informe de rutina que los técnicos elevan al directorio para su aprobación que fue difundido el lunes, una serie de políticas discutidas con el Gobierno entre las que sobresale el capítulo del gasto social. Con un minucioso nivel de detalle, el Fondo Monetario no sólo objetó la reciente moratoria previsional aprobada en el Congreso, sobre la que advirtió la falta de financiamiento, sino que también puso la lupa sobre los planes sociales, particularmente el que consideró el “programa insignia”, el Potenciar Trabajo.
Tras las negociaciones llevadas adelante durante semanas entre Washington y Buenos Aires, el FMI exige que se profundicen los esfuerzos para “focalizar” adecuadamente los beneficios del programa y evitar la superposición de planes para lo cual, mencionó, se está desarrollando una auditoría que contribuya a limitar el beneficio a aquellos que reciben otro tipo de prestaciones sociales. En ese contexto, destacó la expectativa de que unos 400.000 beneficiarios se incorporen al mercado laboral, lo que también redundaría, eventualmente, en una reducción de las partidas destinadas al plan.
El Potenciar Trabajo es el principal programa de asistencia social que se maneja desde el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, que cuenta con una partida anual prevista en $585.000 millones, lo que equivale a la mitad del presupuesto total que administra la cartera, de unos $1,17 billones.
