Por: Adrián Albor
Lo primero que nos tenemos que preguntar, como Sociedad, es si estamos satisfechos con el servicio de justicia que brinda el Poder Judicial de la Nación. Conforme diversos sondeos de opinión dados a conocer en los últimos tiempos, la imagen negativa del poder judicial es cercana al 80 % de los encuestados. La respuesta negativa se impone, de allí que debamos hacernos una segunda pregunta, a saber: ¿quiénes se oponen a cambiar algo que no funciona y por qué se oponen? La respuesta parece obvia. Se opone a cambiar lo que no funciona quien se beneficia con que no funcione. Sentado ello, dejemos la ingenuidad de lado y convengamos en que considerar que una sentencia judicial equivale a un razonamiento que tiene a la ley por premisa mayor, los hechos como premisa menor y la sentencia como conclusión, es una falacia.
Los jueces son poderosos y sus sentencias no son aplicación del derecho, sino ejercicio de ese poder. Es corriente escuchar que en «derecho», la biblioteca tiene dos mitades. Los jueces usan la parte de la biblioteca que justifica una decisión previamente tomada. En el mejor de los casos, la sentencia coincide con los valores de justicia del magistrado; en el peor de los casos, refleja intereses creados, presiones, afinidades personales o lisa y llanamente el pago de una coima. La reforma judicial es imprescindible.
En primer lugar, desde el año 1994, con la reforma constitucional, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un estatus de cuasi provincia, por lo que posee la prerrogativa de tener su propio servicio de justicia. Los jueces nacionales no están obligados a aceptar su pase al poder judicial local, por lo que su «federalización» aparece como una salida adecuada. Del mismo modo, la experiencia reciente nos muestra el modo en el que una parte del poder judicial ha prestado su formidable poder al servicio de intereses electorales.
Bajo el nombre de «Law Fare» reconocemos la estrategia de sectores del poder político, la prensa, servicios de inteligencia y del poder judicial para desprestigiar y hasta privar ilegalmente de la libertad a dirigentes sociales y políticos.
Hoy esa potestad recae en un pequeño puñado de jueces. La transferencia del fuero nacional al federal licuará el poder de ese grupo de jueces, disminuyendo su capacidad de daño. El aumento de la cantidad de jueces de la Corte Suprema, y su organización en salas temáticas, pondrá fin a la tradición de aquel órgano, de tratar exclusivamente los asuntos que interesan a la clase hegemónica, así como disminuirá los plazos y mejorará la calidad de las decisiones, dado que un abogado, en el rol de juez, no puede conocer con suficiente experticia todas las ramas del derecho. De allí que celebremos esta iniciativa y esperamos el acompañamiento de las cámaras del Congreso de la Nación.
