El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) inició hoy la discusión sobre la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno declaró «servicio público» a la telefonía móvil, internet y la TV paga, que incluye desde la definición del paquete de servicios básicos, una tarifa universal y los criterios que se implementarán para establecer precios máximos al sector.

En base a especialistas consultados por Télam, la definición del paquete de servicios básicos llevará gran parte de la discusión de la reglamentación en el Enacom.

Hasta ahora los planes «inclusivos» que habían acordado el Enacom con los privados eran: abono de telefonía e internet móvil por $280 con 500 megabits de datos, 500 mensajes de texto, 300 minutos de llamadas en la misma red del operador, 50 minutos en redes de otros, 0800 gratis y navegación en portales educativos gratis.

Para el prepago móvil por $100 finales incluían el texto en los servicios de mensajería, 300 SMSs, 100 minutos de llamadas en la misma red y 50 en otro prestadora además de la gratuidad de navegación en portales educativos y en las llamadas de 0800.

Para los consumidores de internet fijo se habían acordado planes de hasta $830 finales por conexiones de hasta 5 megabits por segundo.

La televisión por cable y por vínculo satelital había acorado el acceso sin cargo a las plataformas de contenidos (como Netflix, Flow y otras).

En el caso de las pymes, especialmente los operadores de tv por cable, mantener una prestación básica universal que ronde los valores del acuerdo vigente «nos saca de la cancha, ya estamos bancando niveles de morosidad altos».

La mayoría de los actores reconoce que el escenario de incremento de la pobreza gestado por la pandemia profundiza la brecha digital, al mismo tiempo que recuerdan que esta industria tiene costos dolarizados, aún para el mantenimiento de las redes actuales.

Un informe de la cámara argentina de internet (Cabase) de julio pasado indicaba que para el 27% de los hogares argentinos el costo del acceso sólo a internet fija, sin considerar tv paga ni telefonía, «representa una carga significativa».

Desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se fijó cómo objetivo para el año 2025 que los costos por servicios de banda ancha de nivel básico deben estar por debajo del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita (hasta 2018 estuvo fijado en un 5%).

En Argentina, al cruzar los datos del costo promedio de los servicios básicos de internet de banda ancha fija y el ingreso promedio por hogar, el Umbral de Asequibilidad por Capitales Provinciales (UACP) se ubica en 5%.

Esto significa que, por ejemplo, para contratar a diciembre de 2019 un servicio básico de internet banda ancha fija de $1.200, un hogar requería contar con ingresos superiores a $24.000 para que no representara una carga significativa; según el Cabase Internet Index del 1er Semestre de 2020.

Considerando el Ingreso Promedio por Ciudad (IPC), ciudades como La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, Tucumán, Viedma y Formosa, poseen más de un tercio de sus hogares que no traspasan el umbral de asequibilidad.

En lo que respecta al DNU firmado el viernes por el presidente Alberto Fernández, las telefónicas y las operadoras de tv por cable de todo el país discutían esta tarde el texto de una solicitada que piensan publicar mañana, en la que coinciden en rechazar la medida y en pedir «diálogo» para volver a evaluar la medida, señalaron a Télam fuentes del sector.

Otros actores de este mercado, como la cámara argentina de internet (Cabase), la cámara de comunicaciones convergentes y las cooperativas y pymes del sector, anunciaron que no van a ser parte de la solicitada.

Estos últimos esperan la convocatoria del Enacom para discutir, entre otras cuestiones, el alcance del congelamiento hasta el 31 de diciembre, para definir si impacta también en los precios mayoristas.

Por el lado de los usuarios, el presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, destacó la importancia del DNU y dijo que “garantiza la libertad de expresión” y «democratiza el acceso» a la comunicación.

“Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país», indicó hoy Salinas Porto en declaraciones radiales.

La publicación del decreto el viernes pasado también coincidió con la situación de alerta y movilización decretada por la Mesa de Unidad Sindical de las Comunicaciones, ante la negativa de las empresas a reconocer una recomposición salarial con la paritaria vencida en julio pasado.

El acuerdo de precios que mantiene congelado los valores hasta el próximo 31 de agosto, incluía el compromiso de las empresas de que no iban a realizar despidos sin causa justa durante la vigencia del acuerdo.