El Gobierno nacional defendió hoy como «constitucional, justa y legítima» la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad había recibido en 2016 merced a un decreto de la gestión macrista, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza en la presentación judicial para que se declare la nulidad de la medida.

«No estamos sembrando discordias sino igualdad. Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios», dijo el Presidente este mediodía al participar de un acto desde la residencia de Olivos, en el que anunció obras públicas para cinco provincias, entre ellas Buenos Aires.

En ese marco, Fernández defendió la decisión «darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita», en relación a la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario se refirió de esta manera a la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires comenzó a recibir a partir de enero de 2016 merced a un decreto de la gestión macrista.

La medida del Gobierno nacional -anunciada ante el conflicto de efectivos de la policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales- fue rechazada anoche por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó hoy a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional, para que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad» de la medida.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero -en declaraciones a varias radios- había señalado que la medida es «constitucional, justa y legítima» y recordó que «está en línea con declaraciones que en su momento hizo Rodríguez Larreta, en 2016, cuando los fondos le llegan al distrito diciendo que no eran fondos coparticipables».

«No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad», aclaró Cafiero y precisó que «no van a faltar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires».

También recordó el «testimonio que circuló del anterior ministro del Interior (Rogelio Frigerio) hablando de que había sido desmedido cómo se habían dado esos recursos y que se iba a corregir con un decreto, por el enojo de muchos gobernadores».

Al igual que el Presidente luego en el acto, Cafiero sostuvo que «no hay ningún diálogo roto» con el Gobierno porteño y destacó que continuará el «trabajo permanente y coordinado» con esa administración y el Gobierno bonaerense, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Tras el anuncio de anoche de Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema de Justicia, se publicó hoy en el Boletín Oficial del distrito porteño la instrucción a la Procuración General para avanzar en una acción judicial contra el Estado Nacional, para que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad» de la medida.

El decreto solicita la acción judicial contra «el decreto Nacional 735/2020» a los fines de que «se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados».

Del mismo modo, solicita una «medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada».

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró hoy que «se lesionó el diálogo» con el Ejecutivo nacional; pero sin embargo, aseveró que, en el contexto de la pandemia por coronavirus, «hay que seguir coordinando» entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación para la administración de las medidas sanitarias tendientes a mitigar la circulación del virus.

«Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia, en donde los estados provinciales tenemos que afrontar una pérdidas de recursos importantes», se quejó Santilli, y agregó: «Uno no le quita a una provincia para darle a otra, no se transfiere un problema de un lado a otro».

Desde el Gobierno nacional, en tanto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, aseguró que se venía «dialogando con el equipo» del jefe de Gobierno por la coparticipación «desde el inicio de la gestión», y explicó que «no se está modificando la coparticipación con este decreto».

Tras destacar el respaldo de 19 gobernadores a la medida dispuesta por el Presidente, Batakis recordó que «en 2016 Macri eleva la coparticipación del Gobierno de la Ciudad del 1,4 al 3,75% por un decreto simple, y desde ese momento los gobernadores reclamaban que esto no le hacía justicia a tener un equilibrio territorial más armónico».

Uno de los gobernadores que volvió a manifestar hoy su apoyo ante la medida fue Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quien -en diálogo con el canal América- recordó que en 2016 los mandatarios provinciales estaban «indignados» con el decreto de Mauricio Macri, ya que fue «un aumento totalmente arbitrario y una especie de dádiva» a la Ciudad.

Al decreto que anunció Fernández, «lo reclamábamos desde el día cero, y en enero salió en todos los diarios que ya era una decisión tomada, porque era un agraviante al federalismo, una medida bochornosa».

Por otro lado, desde la oposición, los senadores de Juntos por el Cambio también cuestionaron la decisión de Fernández y reclamaron la constitución de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado que aún debe elegir autoridades.

El presidente del interbloque opositor, Luis Naidenoff, opinó que «el remedio es peor que la enfermedad y una mala señal para las provincias»; mientras que su par Pablo Blanco pidió que se invite al Senado al ministro del Interior Eduardo De Pedro para que explique «cómo justifica en consecuencia la modificación realizada de un plumazo por el gobierno».