Más de 850.000 madrileños de barrios del sur de la capital de España y localidades limítrofes están sometidos desde hoy a restricciones de movilidad por el aumento de casos de coronavirus, una medida resistida con protestas contra las autoridades regionales, a las que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció apoyo logístico y la creación de un grupo bilateral de trabajo para controlar la situación.

«Ésta es una batalla epidemiológica, no ideológica», remarcó Sánchez en conferencia de prensa junto con la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, con quien mantuvo este mediodía una reunión en la sede del Gobierno regional de Madrid, la comunidad actualmente más golpeada por la pandemia en España.

«No venimos a evaluar, a tutelar, sino a ayudar al Gobierno de Madrid, que es el que tiene las competencias para actuar», añadió el presidente del Gobierno y líder socialista, antes de insistir en que está listo para «contemplar otros escenarios», en referencia a un eventual declaración de un nuevo estado de alarma y confinamiento, aunque limitado a la región.

Sin embargo, y pese a reconocer que Madrid está a la cabeza de las regiones de Europa más afectadas por el coronavirus, Ayuso defendió el polémico confinamiento del sur madrileño y descartó un confinamiento total.

«Ni estados de alarma ni confinamientos. Eso sería la muerte de nuestra comunidad, que es el motor (…) No podemos cerrar todo Madrid sin dar una oportunidad a las medidas», argumentó la política conservadora.

Antes de entrar en vigor las últimas limitaciones de movilidad en el sur de Madrid, ayer se llevaron a cabo protestas en varios de los barrios afectados con lemas como «No al confinamiento segregado» o «Ayuso dimisión», señalando que la decisión de confinar estas zonas es resultado de una incompetencia de la presidenta regional.

Vecinos indignados con el confinamiento selectivo impuesto por Ayuso defienden que se trata de una medida ineficaz y estigmatizadora, ya que los residentes de estas zonas son principalmente personas que pertenecen a un segmento social muy expuesto al virus, como son los trabajadores del sector de los servicios, de la industria o comercial.

Insisten en que el Gobierno regional no invirtió el dinero suficiente para reforzar el sistema sanitario de atención primaria para realizar labores de prevención, detección de casos y rastreo.

La izquierda madrileña, incluidos los socialistas y los principales sindicatos- UGT y CC.OO- convocaron nuevas protestas para el próximo fin de semana.

Si bien Sánchez evitó la confrontación con Ayuso, su ministro de Universidades, Manuel Castells, calificó de «clasista» el confinamiento selectivo, al considerar que afecta a los habitantes de barrios de obreros que «no pueden salir a caminar» pero tienen que subirse al transporte público abarrotado para ir a trabajar.

De hecho, las madrileños confinados no tienen restringida la movilidad -salir o entrar del perímetro del barrio- para ir a trabajar, por motivos sanitarios o fuerza mayor, mientras los niños también se pueden desplazar para ir al colegio.

La medida, que regirá 14 días, afecta a un total de 855.193 personas que viven en 26 «áreas sanitarias» de seis distritos de la capital y en 11 áreas de siete municipios de la región.

«No voy a consentir que una vez más se pisotee el Sur. No estoy en contra de las medidas, pero creo que han llegado tarde y deberían haber sido para todos», aseguró hoy el alcalde del municipio de Fuenlabrada, Javier Ayala, crítico con la decisión.

No obstante, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, defendió que el confinamiento selectivo implantado es una decisión «técnica» en las zonas donde la «transmisión del virus es superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes», y recordó la recomendación a los vecinos de que se queden en sus domicilio.

Entre las últimas restricciones, el Gobierno regional también volvió a limitar al 50% la ocupación en la hostelería y el comercio y un 30% en los lugares de culto y los velatorios; se cerraron parques y zonas de juego de niños, y las reuniones sociales se circunscribieron a un máximo de seis personas.

Sánchez afirmó que por la «propia idiosincrasia» de la Comunidad de Madrid necesita un «plan especial» para hacer frente a la pandemia de coronavirus y que para ello ofreció a Ayuso «medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, sanitarios y de reforzamiento de la capacidad hospitalaria», además de «medios policiales» y «todo lo que considere necesario para doblegar la curva».

Por su parte, Ayuso le pidió realizar test rápidos en zonas vulnerables de la región y especialmente en el aeropuerto internacional de Barajas, así como plantear una estrategia a largo plazo para revertir la «falta de médicos y enfermeros», que considera un problema en toda España.

En tanto, el presidente de la norteña Cataluña, el independentista Quim Torra, recomendó a los catalanes no viajar a Madrid, al tiempo que abogó por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y el aeropuerto para los viajeros procedentes de la capital.

También pidió a Ayuso que «tome medidas más estrictas» y que no permita a nadie salir de la región sin la certeza de un test negativo de Covid-19.