En el marco de la causa denominada Mesa Judicial Macrista, diputados del Frente de Todos solicitaron nuevas medidas de pruebas para constatar que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO, fue parte central de esta «asociación ilícita» que tenía entre sus objetivos la «persecución” y «disciplinamiento» de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce. Además, los nuevos hechos incluidos en la presentación demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el expresidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias.

Los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés ampliaron las denuncias presentadas el 5 y 6 de mayo pasado, en las que solicitaron que se investiguen las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento, y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores, mediante la manipulación de numerosos miembros y organismos del sistema judicial argentino, ocurridas a partir del día 10 de diciembre de 2015, fecha de la asunción como presidente de la Nación de Mauricio Macri.

Los nuevos hechos que describen los parlamentarios en su denuncia involucran como integrante de la mesa judicial y como “especialista” en el armado de causas, a la exministra Bullrich. La presentación hace eje en tres casos puntuales de persecución sobre sindicatos: lecheros, petroleros y camioneros, y especialmente sobre sus conductores Héctor Ponce, Guillermo Pereyra y Pablo y Hugo Moyano, respectivamente.

El líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó que «a ese tipo yo lo voy a meter preso», en alusión al líder de los lecheros Héctor Ponce. Un año después, el titular de Atilra enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces. Esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores.

¿Cuál fue el objetivo de esta persecución judicial sufrida por el gremio Atilra y por su líder, Ponce? Disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce “negocie” paritarias en línea con la pauta oficial (15%). Finalmente, Ponce fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018.

El exsenador Pereyra también declaró que “tanta vehemencia en mi contra tuvo que ver con que Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén para perjudicarme y eso desencadenó la persecución”. Pereyra dijo sobre este fiscal que “en un viaje que realizó al exterior se entrevistó con Bullrich y recibió órdenes para procesarme. Después vino el allanamiento donde se llevaron todo computadoras y las tuvieron casi un año y medio”.

Pereyra afirmó en entrevista con el canal C5N que el quiebre de la relación con el macrismo fue cuando votó contra la reforma previsional. En dicha oportunidad Macri le dijo: “Al final se va a ir todo a la mierda, sonamos con Vaca Muerta”, en modo de amenaza.

En el caso de camioneros y los Moyano se repitió el modus operandi: espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la Mesa Judicial M. Según explicó Pablo, “todo comenzó luego de la movilización contra la reforma laboral de noviembre de 2017, con infiltrados en las marchas”.

El gremialista sostuvo que la administración anterior fue «una banda que nos gobernó durante cuatro años y el brazo ejecutor político era Patricia Bullrich, que apretaba a los fiscales y jueces». En ese sentido, resulta sumamente esclarecedor el relato del propio juez interviniente en la causa judicial armada contra los Moyano, Carlos Carzoglio, quien recibió órdenes directas de agentes de la AFI, por expreso pedido de Macri, para que el juez detuviera a Pablo Moyano.

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el magistrado relató que “a fines de agosto o principios de septiembre de 2017, antes de que me llegue la causa, me llamaron dos agentes de la AFI diciendo que querían hablar conmigo. Cuando nos vimos, me plantearon que venían con órdenes del presidente de la Nación de detener a Moyano”, expuso. «Concretamente, me dijeron: ‘estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano'», contó Carzoglio.

«No resulta sorprendente que un gobierno abiertamente anti-trabajador realizara acciones para desarticular la organización sindical y así poder evitar las resistencias naturales a sus políticas de ajuste y empobrecimiento. El problema es que, para hacerlo, decidió recurrir a maniobras delictivas», afirman en la denuncia.D

De acuerdo al avance de la causa, las acciones de la Mesa Judicial M comienzan a ser acreditadas mediante las manifestaciones de los jueces y fiscales señalados como testigos, quienes reconstruyeron el plan sistemático de cooptación del poder Judicial de la nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías macristas, y que configuran diversos delitos como: amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, privación ilegal de la libertad, encubrimiento, prevaricato, falsificación de documentos, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, y asociación ilícita.