El juicio oral por supuestos delitos con la realización de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz se reanudó hoy tras la feria judicial de enero con la declaración de un ingeniero de Vialidad Nacional que negó haber sabido de sobreprecios o alguna otra irregularidad.

«Yo nunca determiné un sobreprecio, que es ponerle un precio superior al que realmente vale. Redeterminar no es hacer un sobreprecio sino es producto del devenir de la inflación», explicó el testigo Leonardo Durante, empleado de carrera de Vialidad Nacional.

Durante es ingeniero y, entre 2000 y 2005, integró la Unidad de Auditoría del organismo nacional y en ese puesto fiscalizó las redeterminaciones de precio de la obra pública.

Ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu se le preguntó sobre una auditoría de obras públicas nacionales en convenio con provincias realizada en 2013, de la cual participó, y sobre los procedimientos que se llevan adelante para redeterminar precios.

«Si hubiera visto alguna irregularidad la hubiera informado», agregó el testigo en el debate oral que se reanudó hoy con su presencia y la de los tres jueces en una sala de audiencias de los Tribunales Federales de Retiro más el resto de la partes por vía remota, debido a la pandemia de coronavirus.

El testigo, que fue propuesto por la defensa de Lázaro Báez, negó haber recibido órdenes o indicaciones por parte de sus superiores en el organismo referidas al empresario o sus firmas, entre ellas «Austral Construcciones».

Durante su actuación en la Unidad de Auditoría de Vialidad, Durante estuvo encargado de fiscalizar las redeterminaciones de precios en la obra pública y, hoy, al referirse a ellas, subrayó que «siempre se hicieron en base a índices oficiales del INDEC».

Durante la audiencia, las defensas objetaron preguntas del fiscal Diego Luciani por considerarlas «violatorias del derecho a defensa» y «conjeturales».

Sobre la auditoría en relación a las obras públicas de 2013, que se realizó en varias provincias, entre ellas Santa Cruz, el testigo dijo que, en ese año, él no estuvo allí sino en Chubut pero señaló que, en general, la fiscalización -de las redeterminaciones de precios producto de la inflación- arrojó resultados considerados «dentro de márgenes razonables» para ese tipo de obras.

El juicio continuará el próximo lunes 22 de febrero a las 9:30 con nuevos testigos.

Hoy, la audiencia comenzó a las 9.43 y se extendió hasta las 11:30, con Durante como único testigo.

En la causa se juzga a la expresidenta y actual vicepresidenta y titular del Senado Cristina Fernández de Kirchner; al exministro de Planificación Julio De Vido; al exsecretario de Obra Pública José López; y a Báez, entre otros.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y estuvo suspendido cuatro meses a raíz de la pandemia de coronavirus.

En agosto último se reanudó por videoconferencia, en un sistema mixto con los jueces presentes en una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes conectada a través de la plataforma Zoom.

Los testigos con residencia en la zona de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano también declaran de manera presencial, mientras que el resto lo hace por videoconferencia.

En este juicio se debate el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las empresas de Báez y supuestos sobreprecios e incumplimientos en las obras.

La causa se inició a partir de una resolución del extitular de Vialidad Nacional en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, y en base a una auditoría hecha en su gestión que es cuestionada por las defensas.

A mediados de diciembre, antes del inicio de la feria, declaró como testigo otro empleado de Vialidad, Justo Pastor Romero, también ingeniero, quien también participó de la auditoría encargada por Iguacel.

En esa declaración, Pastor Romero relató que para cumplir con aquella tarea utilizó el Sistema Integral de Gestión de Obra (SIGO), un software especializado para obras de infraestructura que determina valores promedio por kilómetro, y aseguró que «los desajustes de certificados de obra, entre lo construido y lo pagado, apenas fueron del 0,006 por ciento».