Por Miguel Ponce de León

Fuente: www.showpolitico.com

Una organización mafiosa, como la ‘Ndrangheta o la Cosa Nostra, tiene sus propias reglas, con objetivos sobre todo económicos. Y aunque en apariencia, se vea como un rejunte de delincuentes sin rumbo, en los hechos están muy coordinados. Son pragmáticos a diferencia del funcionamiento burocrático que tiene el Estado y responden como un ejército irregular a varios jefes de diferente jerarquía que trabajan para un líder. La Comisión Bicameral de Inteligencia, detectó que el Gobierno de Cambiemos actuó exactamente así, como una mafia: organizó a un grupo numeroso de agentes para que realicen operaciones de espionaje ilegal que directamente beneficiaban al ex presidente Mauricio Macri.

Desde el informe de esta Comisión que preside el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se describe en 383 páginas como el Gobierno de la coalición de Juntos por el Cambio, ejecutó una persecución a opositores políticos a través de un sistema de espionaje, que recolectaba material para armar causas judiciales, orquestadas a su vez por una mesa judicial al servicio del «lawfare», o traducido al castellano, «la guerra judicial contra la política y los movimientos populares».

El Estado mafioso que funcionó entre 2016 y 2019, según el informe, se dedicó con espías, dirigentes políticos y funcionarios judiciales a producir información para incidir en procesos judiciales; facilitar información a medios de comunicación para su difusión; y como proceso final tuvieron como objetivo desprestigiar, hostigar, extorsionar y perseguir a opositores políticos.

Para todo esto, desde la gestión de Mauricio Macri ejecutaron un espionaje a dirigentes del Peronismo, desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líderes de movimientos sociales y hasta siguieron al presidente Alberto Fernández cuando fue como abogado a visitar a detenidos en la cárcel de Ezeiza.

En fichas de inteligencia que le encontraron a la agente Mercedes Funes Silva en su teléfono celular también se puede ver como monitorearon en la cárcel de Ezeiza, hasta quienes asistían a festejar el cumpleaños del ex vicepresidente Amado Boudou. Está el detalles de que sus familiares ingresaron 50 sandwiches de miga, una torta de confitería y tuvieron la visita del actual asesor presidencial Leandro Santoro.

En el primer año de gobierno de Macri, hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; con 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales. Llegaron a sacar fotografías de cada uno de los que colaboraba en comedores populares y de los niños que asistían a esos lugares.

En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial, por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio.

Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial y avasallaron a cientos de ciudadanos

El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales. Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos.

Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El método: lawfare o guerra jurídica. Consiste en el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos.

Seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos «arrepentidos» falsamente y bajo presión, entre otras.

El espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo. Se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado. Se creó una estructura estatal paralela y clandestina. Las «células paralelas» cuyo reclutamiento comenzó en los primeros meses de 2016 eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cumpliendo cada una de las fases del ciclo de la Inteligencia: recolección, procesamiento, análisis, diseminación, planificación y dirección de datos.

Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan el dictamen. En esta investigación se cuentan los testimonios en primera persona, de los agentes de una de las principales células de espionaje ilegal, la que funcionaba en «La Cueva», en la calle Pilar 1460, primer piso B, CABA.

Con el decreto 656, firmado el 6 de mayo de 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri se anuló el decreto 1311 firmado en julio de 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, que reglamentaba la Ley de Inteligencia que había sancionado el Congreso de la Nación meses antes. Esa decisión, dispuso que los recursos destinados presupuestariamente a la AFI, volvieran a ser gastos reservados sin control alguno. En el 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.

Se buscaba ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor – a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo. Por ejemplo: la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión. También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima.