Según el último informe del proyecto Mirar, en 2022 se registraron 96.664 interrupciones del embarazo en el sector público.

Además, el Estado incrementó la producción y comercialización de medicamentos para realizar los abortos y la mortalidad materna disminuyó.

«El número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, explicaron.

Por otro lado, creció un 98% la oferta de servicios, pero esta tendencia no es la misma en todo el país: en Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego mantuvieron la misma oferta o la disminuyeron.

¿Qué queda por hacer? 

Crear un sistema de registro a nivel nacional que permita conocer el desempeño del servicio de IVE e ILE.

Proporcionar educación sexual integral, las opciones de anticonceptivos que hay y las vías para realizarse un aborto en caso de ser necesario.

Fuente: El Destape