Esta mañana del lunes, la fiscal Gabriela Baigún inició su alegato en el juicio en el que se trata de determinar la responsabilidad de varios ex funcionarios públicos en la compra de trenes chatarra a España y Portugal, que se realizó en el gobierno de Néstor Kirchner. Los principales imputados en el caso son Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte.

Jaime dependía de De Vido y es por ello que ambos llegaron a juicio: a partir de la investigación judicial se los acusó de los delitos de administración fraudulenta y cohecho. Se comprobó durante la instrucción que una consultora vinculada a Manuel Vázquez, por entonces asesor y hacedor de negocios sucios de Jaime, cobró coimas millonarias por prestar servicios intangibles en la operación: se calcula que superaron los 900.000 euros. La imputación del cobro de coimas está dirigida a Jaime y a Vázquez.

Desde 2019, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico enjuicia a Jaime por cuatro casos de corrupción. Hasta marzo de este año declararon los testigos de los primeros tres casos, cuando comenzaron a desfilar por Zoom los relacionados a la compra de trenes en Europa por una suma de 100 millones de euros. El caso se basó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que analizó cómo fue la compra de trenes pactada de Estado a Estado con España y Portugal.

Al comenzar su alegato la fiscal no dejó dudas: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

La fiscal hizo una breve pausa y agregó: “Ello, sin perjuicio de la vehemencia puesta en las palabras del entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, al presentar el Plan Anual de Inversiones Ferroviarias, en el que serían invertidos ese año una cantidad millonaria de pesos. Pidió expresamente que ‘entre todos seamos auditores concretos’ para que así pueda concretarse el plan. El entonces ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, indudablemente no lo fueron. Ambos funcionarios violaron las obligaciones del buen administrador”.

La fiscal aseguró que Jaime “encaminó su conducta a realizar la compra del material que en muchos casos era incompatible con la red de vías, y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional”.