Sigue detenida.
En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas comunicó la desvinculación de manera formal de Daniela Carbone, la tripulante de cabina que realizó la amenaza de bomba en el vuelo AR1302, con destino a Miami, el 21 de mayo pasado. La medida, catalogada como “despido causado”, tiene lugar luego de que la compañía fuera aceptada como parte querellante en la causa que lleva adelante la Justicia contra la azafata por Intimidación Pública y Entorpecimiento de Servicios Públicos.
“La empresa ha corroborado con creces su participación directa / indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”, expone el telegrama enviado a la acusada, que sigue detenida y a la espera de que se resuelva su situación procesal.
“Que todo lo expuesto se ve a todas luces agravado por el hecho de que es una persona con su antigüedad en la empresa (24 años de antigüedad), que fue instructora de vuelo por más de 14 años (entre años 2004 y septiembre del 2018) y claramente conocía todos y cada uno de los protocolos de la empresa correspondientes para el caso de amenaza de bomba (más aún atento que justamente usted instruyó al personal de la empresa sobre los mismos y sobre lo que se debe hacer si cualquier persona -pasajero o parte de la tripulación- menciona la palabra ‘bomba’) y sabía perfectamente los daños que el mensaje de audio enviado le iba a generar a la empresa”, continúa el documento.
«Por lo tanto, Aerolíneas Argentinas, amparada en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 242 y 243), resolvió el despido justificado con causa, habiendo incurrido en graves violaciones al Código de Ética empresarial y a los artículos 62, 63, 84 y 86 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo», concluye el texto enviado por la aerolínea de bandera.
El hecho
Todo sucedió durante la mañana del domingo 21 de mayo, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando se preparaba la partida del vuelo “AR1304 Ezeiza-Miami” que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes. “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía una voz distorsionada del otro lado del teléfono.
Este llamado activó el operativo de protocolo de seguridad para controlar que no hubiera explosivos, y como consecuencia, el avión debió postergar siete horas su partida. Una complicación que a la empresa estatal le costó una cifra que rondó el millón de dólares.
Superado el susto y descartada la amenaza, el juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar de inmediato junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para esclarecer lo ocurrido.