El Gobierno nacional observa con «preocupación» y sigue con «atención» los procesos electorales que se desarrollan en Bolivia y en Ecuador, convencido en rechazar cualquier «maniobra que intente afectar la voluntad popular», en esos países​.

Siempre sobre la base del respeto a la autodeterminación de las Naciones y la no injerencia en asuntos internos de otros Estados -algo que Argentina reclama para la superación de la crisis en Venezuela-, la Casa Rosada no está dispuesta a ignorar las recientes denuncias hechas por los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) sobre los intentos de «proscripción» de esos líderes y de sus fuerzas políticas, de cara a los próximos comicios generales en esos países.

«Desde la Cancillería seguimos con atención y vemos con preocupación maniobras que intenten afectar la voluntad popular, a través de acciones, como la manipulación del calendario electoral, la intención de proscripción de dirigentes políticos o de impedir la participación de fuerzas políticas», declaró  el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

En los últimos días, los tribunales electorales de Bolivia y Ecuador tomaron decisiones que generaron un fuerte rechazo de organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda y que fueron denunciadas como un intento de «proscripción» por Correa (desde Bélgica) y Morales, quien reside en Argentina en condición de refugiado político, tras el golpe de Estado y un breve exilio en México.

En un clima de creciente tensión política, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció el pasado jueves una nueva postergación de los comicios generales por la pandemia de coronavirus, y los convocó para el próximo 18 de octubre, en una decisión que Morales calificó como un «nuevo golpe a la democracia», y encendió luces de alarma en el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera el exmandatario y en la COB, principal central obrera.

Las elecciones presidenciales habían sido programadas inicialmente para mayo, pero con la irrupción del Covid-19, primero fueron postergadas al 6 de septiembre y ahora al 18 de octubre, con la anuencia del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La contienda electoral reemplazará así a los comicios del año pasado, en los que Evo Morales logró su reelección, pero que luego fueron anulados por denuncias de fraude nunca comprobadas.

Desde la cartera que encabeza el canciller Felipe Solá hicieron saber que Argentina espera «un rápido» retorno de Bolivia al «orden constitucional», a través de «elecciones transparentes y libres».

«El Gobierno argentino respeta la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, pero teniendo en cuenta algo que es clave: que el Gobierno de Áñez es un Gobierno ilegítimo porque es resultado de un golpe de Estado y, por lo tanto, no reconocido por nosotros, creemos que Bolivia debe volver rápidamente al orden constitucional», afirmó días atrás Chaves.

En la misma sintonía, se expresó luego el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien, a través de su cuenta en Twitter, condenó la intención del «Gobierno de facto de Bolivia» de «pretender postergar las elecciones libres y proscribir a la principal fuerza política del país» a través de acciones judiciales que intenta inhabilitar al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, exministro del Gobierno de Morales y favorito, según marcan todas las encuestas.

«El Gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre», había denunciado Morales en su cuenta de Twitter.

La postura de Argentina es clara: «los cronogramas electorales están para respetarse; son parte de la legalidad y legitiman un sistema democrático. La manipulación de las fechas no es sana para ninguna democracia».

Chaves afirmó que para el Gobierno de Alberto Fernández «una nueva postergación ataca la idea de elecciones transparentes y pone un manto de dudas sobre si la imposición de esta nueva fecha obedece a una especulación electoral».

En Ecuador, a siete meses de los comicios y a un mes del plazo último para que cada partido o alianza presente candidatos, el Consejo Nacional Electoral suspendió al partido de Correa y el Tribunal de la Corte Nacional confirmó la condena a 8 años de prisión contra el expresidente y sus exfuncionarios.

Correa -el dirigente más popular de ese país, según todas las encuestas y posible candidato a la vicepresidencia- vinculó esto con un intento del Gobierno de Lenin Moreno de dejarlo fuera del proceso electoral (al igual que a su partido Fuerza Compromiso Social) de cara a las generales del 7 de febrero de 2021.

Al respecto, el jefe de Gabinete de la Cancillería argentina sostuvo que el Gobierno ve con «preocupación que haya una nueva forma de desviar el ejercicio de la voluntad popular, a partir de la proscripción de dirigentes, de fuerzas políticas o de manipulación arbitraria del calendario electoral».

«Esas tres cuestiones atentan contra una democracia sana», afirmó Chaves, quien no dudó en caracterizar la situación judicial de Correa como un típico «caso lawfare», como -dijo- los sufridos por Luiz Inacio «Lula» da Silva (Brasil) o la propia Cristina Fernández de kirchner, entre otros.

«Sabemos que la persecución judicial por razones políticas o lawfare ha sido algo que atravesó Latinoamérica y que en los últimos años sirvió a ciertos Gobiernos como instrumento para anular la participación política de dirigentes muy importantes: lo intentan hacer con Evo Morales, ocurrió con Lula, quisieron hacerlo con Cristina y ahora con Correa», reflexionó.

En ese contexto, el funcionario planteó la necesidad de que la comunidad internacional ponga «estos temas sobre la mesa, siempre sin inmiscuirnos en asuntos internos de otros Estados y exigir un tratamiento legal acorde a derecho y que las cuestiones políticas no sean utilizadas para persecuciones judiciales».

Por último, afirmó que la gestión de Alberto Fernández «aspira» que, tanto en Bolivia como en Ecuador, «las instituciones funcionen en forma plena, transparentes con posibilidades iguales para todos los competidores y con existencia del fair play (respeto por las reglas de juego) democrático».

«En la medida que en una contienda electoral con todas las garantías se imponga la fuerza política que se imponga, el Gobierno argentino va a ser el primero en defender esos resultados, interdependientemente del signo ideológico que vaya a gobernar cualquiera de los países de la región».