En medio de una conferencia de prensa, transmitida por la televisión estatal boliviana y a través de las redes sociales, las autoridades de Bolivia mostraron hoy el material bélico enviado por la gestión de Mauricio Macri para la represión por el golpe de Estado contra Evo Morales, y revelaron que también Ecuador se sumó a ese tipo de envíos.
La reunión con la prensa internacional y local estuvo encabezada por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera y el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.
Se trata de numerosos elementos y municiones antidisturbios y otros que ingresaron a territorio boliviano de forma irregular en 2019, tras la forzada salida del gobierno del entonces presidente Morales. También se detallaron documentos y correspondencia entre la embajada argentina y las fuerzas de seguridad bolivianas emitidas durante la crisis política y la represión con decenas de muertos, que atravesó Bolivia a fines de 2019.
«El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviada legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando», enfatizó Del Castillo.
“Los bolsos decían guantes, pero adentro había municiones”, señaló Del Castillo y mostró fotos del material hallado. «Llegaron otras municiones, otros proyectiles que no fueron solicitados ni mucho menos aprobados por las autoridades locales. Este material fue trasladado en la residencia del gobierno de Bolivia. Se le hace entrega de este cargamento ahí. Estos efectivos reciben cajas de municiones, proyectiles y granadas para la policía boliviana. Gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea sin ningún tipo de documentación. Hay un faltante que vamos a investigar si fue utilizado en las masacres de nuestro país», añadió.
El funcionario confirmó que se encontraron 26.900 balas anti-tumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en argentina en el país del Altiplano.
