Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019 y calificó de masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.

La expresidenta de facto podría recibir la pena máxima de 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales, reveló este miércoles el Gobierno boliviano a través del canciller Rogelio Mayta.

«En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años» de prisión, estimó el canciller.

Mayta señaló que ese informe establece de «forma clara» que en Sacaba, Cochabamba y Senkata (El Alto) «se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, al asesinar a connacionales, realizar un proceso de persecución, detenciones ilegales y torturas por parte del Estado».

Añadió que «si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia» y consideró que «el informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez», reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.