La situación política y sanitaria de Formosa, el regreso de las clases presenciales y la modificación de calendario electoral con una posible suspensión de las PASO. La conducción de Juntos por el Cambio, en su reunión semanal, abordó hoy esta agenda y, entre otros puntos, resolvió organizar una jornada de aulas abiertas en todo el país para presionar al gobierno nacional y a las provincias y garantizar el inicio del ciclo lectivo.

Está prevista para el próximo 9 de febrero, de manera simultánea, con la participación de padres y alumnos, y fue propuesta por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Y buscará rechazar los cuestionamientos de los gremios docentes, sobre todo los de la ciudad de Buenos Aires.

“La idea es que sea algo masivo, y que se replique por todos lados. Es un modelo de acción directa, para dar visibilidad”, advirtió un importante dirigente de Juntos por el Cambio a Infobae.

Y agregó: “Si hay resistencia, o sindicatos que se oponen, lo que hay que preguntar también es qué hicieron los gobiernos provinciales desde el año pasado para generar las condiciones para la vuelta; no es razonable ahora poner eso como excusa”.

Sobre la situación en la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, apuntó hoy contra los gremios que anunciaron retenciones de servicios para el próximo 17 de febrero, fecha establecida para el regreso de las clases presenciales, y afirmó que “quieren generar miedo en las familias”.

“Lo que hemos decidido, también aprendiendo del caso de España, es que la burbuja puede ser el grado, o la sección en secundaria, eso como criterio de agrupamiento, que no quiere decir criterio de organización”. “No quiere decir, como están diciendo algunos gremios para generar miedo a las familias, que vamos a hacinar a 30 chicos adentro de las aulas, lo que quiere decir es que la burbuja, en caso de aislamiento, va a ser el grado, que pueden estar juntos en algún momento, pero puede ser que en otro momento estén separados”, planteó Acuña en diálogo con radio Mitre.

Por otro lado, la conducción de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en donde criticó el “silencio” del presidente Alberto Fernández ante las denuncias de violación de los derechos humanos en Formosa, a raíz de las condiciones inhumanas de los centros de aislamiento para las personas con coronavirus o con contacto estrecho de alguien contagiado.

“Desde Juntos por el Cambio entendemos que la situación por la que atraviesa Formosa con detenciones arbitrarias, falta de respeto a los Derechos Humanos básicos, abusos por parte del poder político, debe terminarse. En Formosa se han instalado abusos y excesos, que se cometen por parte del Ejecutivo provincial, excusándose en una estrategia sanitaria absurda y autoritaria. Esto se suma a la ya instaurada opresión sobre todo aquél que piense distinto al oficialismo”, expresaron en el texto.

Y ampliaron: “Nos preocupan las detenciones, nos preocupan las vejaciones a los habitantes de la provincia, por lo tanto nos preocupa la falta de democracia. No podemos permitir que se sigan avasallando las libertades, mientras que el partido de Gobierno halaga la gestión de Insfrán y el Presidente calla”.

La crítica fue también para el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. “Es inaceptable que no cumpla con su deber, no tome medidas, ni condene las repetidas violaciones a los Derechos Humanos que están siendo vulnerados por el Gobierno de Formosa”, criticaron.

En el texto, que se suma a los cuestionamientos públicos de los diputados Alfredo Cornejo y Mario Negri, entre otros, adelantaron que Juntos por el Cambio realizará las denuncias correspondientes ante organismos internacionales, la justicia y el Parlamento.

Con relación al pedido de los gobernadores peronistas a Alberto Fernández para suspender las PASO, se planteó: “Juntos por el Cambio ratifica que el sistema electoral no puede ser modificado en el mismo año de la realización de las elecciones, y menos aún por la voluntad unilateral del partido de gobierno, por lo cual se opondrá en el parlamento a esta decisión arbitraria y que pone en peligro la transparencia del proceso electoral”.