El fiscal federal Carlos Stornelli se refirió a la Causa Vialidad, que investiga a la Vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta líder de una organización ilícita que habría favorecido al empresario Lázaro Báez con la obra pública en Santa Cruz, y expresó su preocupación por la seguridad de su par, Diego Luciani. «Sabemos que van a venir los vueltos«, sostuvo.

El funcionario judicial aseguró que Argentina es «un país con instituciones débiles» y que por ese motivo el Estado es responsable de velar por la protección de «testigos, colaboradores, denunciantes y jueces que impulsan causas por delitos de corrupción”.

“Hemos visto sucesos espantosos como el del fiscal Alberto Nisman, la muerte de testigos en el pasado, mensajes encubiertos y mafiosos, pintadas en las calles», precisó en declaraciones al programa Comunidad de Negocios, por LN+.

Luego, hizo mención a su experiencia personal y la comparó con la situación de Luciani. El fiscal había sido recusado por la ex presidenta y otros imputados de una supuesta amistad con uno de los magistrados por integrar un equipo de fútbol que jugó torneos en la quinta “Los Abrojos”. «Yo he padecido un modus operandi similar; desde escraches hasta guardias fuera de mi casa y bombas vacías”, dijo.

«Ser un buen fiscal tiene momentos amargos«, advirtió Stornelli. En ese sentido, lanzó: «Todos nosotros sabemos que van a venir los vueltos. Esperemos no sea un tiro como con Nisman”.

Por último, consideró que son «esos vueltos» los que hacen que ningún fiscal quiera llevar adelante una causa tan compleja «ni exponerse a tantos riesgos”. «Estoy agradecido por que aparezcan los Luciani de la vida, pero padecen una gran soledad. Nadie los protege«, concluyó.

Este lunes, Luciani, junto al fiscal coadyudante Sergio Mola, concluirán con sus alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los años 2003 y 2015, en el cual se investiga la responsabilidad de Cristina Kirchner en los contratos otorgados a Báez.

Se espera que el Ministerio Público Fiscal pida una dura condena para la titular del Senado, que incluiría la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.