A tan solo unas semanas de que fueran liberadas por falta de mérito, el fiscal a cargo del caso por la muerte de Lucas González, el joven de 17 años baleado por miembros de la Policía de la Ciudad en Barracas, solicitó que vuelvan a quedar detenidas las efectivas acusadas de encubrir a los presuntos responsables del hecho.

El pedido afecta a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, a quienes la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional beneficiaron con la excarcelación debido a que consideró que no había suficientes pruebas en su contra.

En las últimas horas, el fiscal Criminal y Correccional 32, Leonel Gómez Barbella, elevó el requerimiento, de seis páginas, al juez de Instrucción Martín del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar o no a este pedido.

El 12 de enero último, la Cámara de Apelaciones entendió que no era suficiente la prueba recabada como para procesarlas junto al resto de los efectivos también acusados de encubrimiento.

Sin embargo, todo cambió cuando el fiscal recibió este lunes los resultados de un peritaje de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal Argentina (PFA) que confrontó las muestras recolectadas sobre la réplica de arma de fuego encontrada dentro del auto en el que iban la víctima y sus tres amigos, “con los olores obtenidos” de nueve de los policías imputados, entre ellos, las dos oficiales.

“El procedimiento realizado por los agentes policiales junto a perros entrenados permitió que los animales marcaran la correspondencia entre el olor colectado de la réplica del arma y las muestras obtenidas de las dos mujeres y de uno de los imputados”, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación a través de su página web.

En la solicitud, el funcionario judicial señaló que “claro está que las nombradas la han manipulado, o al menos, la han tenido a la vista, en contacto y en su poder”, y consideró que esta prueba “revierte el estado de duda que los integrantes de la Cámara de Apelaciones decretaron cuando formularon la falta de mérito”.

Para la Fiscalía, esta evidencia “conlleva a sostener que formaron parte de todo el entramado corporativo” que se montó el día del hecho, por lo que corresponde “dictar sendos autos de procesamientos con prisiones preventivas”.

Por esta razón, solicitó que sean procesadas por los delitos por los cuales fueron indagadas, “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave”.