El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando la causa sobre las reuniones en la quinta de Olivos y decidió mandar el expediente a la Justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción territorial sobre la residencia. Se trata de una decisión inesperada para todas las partes, incluso para el Gobierno, porque todavía no había un planteo concreto de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

“La denuncia formulada por Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y cada una de las ampliaciones presentadas, apuntan a la “Quinta de Olivos” como el lugar donde se habrían cometido las conductas en infracción. En igual sentido, los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar”, dice la resolución.

Y agrega: “De la lectura de la totalidad del expediente puede concluirse que, salvo el anoticiamiento de un festejo ocurrido en Exaltación de la Cruz – Pcia. De Buenos Aires-, el denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión: la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores”.

Casanello se expidió sobre la competencia aunque todavía no había un planteo concreto de la jueza Sandra Arroyo Salgado para reclamar el expediente. Hasta ahora, la magistrada solo había pedido acceder al expediente que tramitaba en Comodoro Py porque tenía una denuncia similar.

La decisión de Casanello sorprendió a todas las partes, incluyendo a la Fiscalía y al propio Gobierno. “Fue un baldazo de agua fría, ahora vamos a tener que analizar cómo se comportó la justicia de San Isidro en otros casos similares, empezamos de cero”, admitió uno de los abogados defensores.