La decisión del gobierno nacional de acordar con el sindicato de Camioneros y organizaciones sociales el control conjunto del programa Precios Justos en los supermercados y comercios minoristas del país generó polémica y críticas por parte de diferentes sectores.

En diálogo con Infobae, distintos abogados constitucionalistas explicaron por qué esta medida del Poder Ejecutivo no se ajusta a derecho y de qué delitos podría eventualmente acusarse a los gremialistas que realicen estas tareas de vigilancia.

En este sentido, Daniel Sabsay precisó que, según lo establece la Carta Magna, “el poder de policía no es delegable y solo puede ser ejercido por el Estado y sus autoridades”, ya que, de lo contrario, “puede llevar a a que se generen grandes injusticias”.

“Lo más terrible es que esto parece el mundo del revés, porque ese trabajo le está siendo concedido además a Oscar Borda (jefe de la rama Logística y hombre de la máxima confianza de Hugo y Pablo Moyano), una persona que es especialista en aprietes”, señaló.

En sintonía con esto, el letrado recordó que el dirigente de Camioneros “está inclusive procesado en una causa por extorsión y es la base por la cual se tuvo que ir del país (el fundador de Mercado Libre, Marcos) Galperin”.

“Solo la Argentina se da el lujo de que pasen estas cosas. Es vergonzoso que este hombre sea quien ejerza el poder de policía y yo creo que los distintos supermercados pueden unirse para presentar amparos, porque son cuestiones que en el Derecho se conocen como decisiones absolutamente arbitrarias, porque no hay proporcionalidad entre el fin deseado y el medio elegido para lograrlo”, agregó.