El Gobierno busca expandir la influencia del Estado y quiere crear una empresa nacional de software para abaratar los costos en la administración pública. Así de claro lo planteó días atrás el Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, en un evento organizado por la CESSI, la principal cámara de un sector que resiste la iniciativa.

«Esto no es para quitarles trabajo sino para darles más trabajo», intentó tranquilizar el funcionario, muy cercano al ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk también impulsa la creación del «monotributo tecnológico», para que los programadores free lancers puedan disponer de los dólares que perciben por los servicios que exportan, hasta un máximo de US$ 30.000 anuales.

Sujarchuk explicó que la empresa estatal de software (una agencia) tendrá dos funciones. Por un lado, desarrollar y mejorar los programas y aplicaciones que usan las reparticiones nacionales, provinciales y municipales con empleados propios. Y por otro, contratar en forma directa a consultoras y empresas para tercerizar esos procesos.

«En las grandes licitaciones, ninguna empresa chica tiene espalda suficiente. Mejor que el Estado esté para agrupar a todas las pequeñas empresas y que entren a vender servicios. No hay que tener miedo ni fantasmas, hay que trabajar en serio y poner números sobre la mesa», dijo en un tramo de su larga exposición.

El video con la participación de Sujarchuk recibió fuertes críticas en las redes sociales. «Nace el unicornio de bandera», ironizó el economista Nicolás Gadano. «No entiendo los cuestionamientos en Twitter. Esto es para bajar los costos del Estado y hay varios ejemplos exitosos de tecnológicas estatales, como el Invap (la empresa satelital) y Arsat (comunicaciones)», señaló el funcionario al ser consultado por Clarín.

El esquema planteado para el software, no obstante, se asemeja más a IEASA, la ex Enarsa, la empresa estatal creada por ley en 2004 para administrar la energía y que tiene a su cargo las importaciones y provisión de gas. Todavía no está claro si esta nueva agencia informática pública saldrá por ley, pero según Sujarchuk, podría entrar en operaciones «a fin de año o principios del próximo», dijo, sin dar más precisiones.

El funcionario explicó que «este proyecto viene a solucionar el problema de retención de personal , de mantenimiento de sistemas y equipos, y de categorías de contratación. En su configuración va a ser una empresa que no va a ser subsidiada por el estado , si contratada a igual o mejores costos , por lo que garantiza el ahorro. También cuida la confidencialidad de la información pública», finalizó.

En la industria del software, que es integrada por 5.600 empresas y alrededor de 150.000 empleados, rechazan de plano la idea. «Esta iniciativa destruiría la poca inversión que hoy hace el Gobierno, generando un efecto contrario a lo que se pretende», razonó una fuente del sector. Otro ejecutivo añadió que «ya hay ejemplos claros de iniciativas con muy buenas intenciones que no lograron los efectos esperados» y que terminaron «generando más gastos para el Estado».

Desde una consultora remarcaron, además, que el ideólogo original del proyecto de crear una agencia nacional de software es del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Y que le traspasó la responsabilidad de darle impulso a Sujarchuk, por ser el responsable del área que abarca a la exportación de servicios profesionales, entre ellos la programación de líneas de código.