Luego de inyectar fondos estatales durante al menos tres años, el Frente de Todos propuso ahora la expropiación del laboratorio Roux Ocefa, administrado desde 2018 por la cooperativa Farmacoop. La iniciativa está firmada por más de veinte diputados oficialistas y propone que el Estado se quede con todos los bienes del laboratorio, actualmente en proceso de quiebra, y luego los ceda en comodato a la cooperativa. Los ex trabajadores del laboratorio, que todavía esperan cobrar sus indemnizaciones, aseguran que nunca fueron consultados por los autores del proyecto y denuncian que van a ser los principales perjudicados.
Concretamente, el proyecto propone expropiar cuatro inmuebles y aquellos bienes que quedan en poder del laboratorio. Eso incluye más de 100 certificados para poder fabricar medicamentos, un capital millonario en el mundo de la salud.
El resto de los bienes ya se subastaron, pero el dinero está retenido en una cuenta bancaria por decisión del juez de la quiebra. Se trata de unos campos en Luján, valuados en USD 800 mil, un edificio en Bahía Blanca, y otro inmueble en la calle Montevideo valuado en USD 1,5 millón.
Luego de expropiar, el proyecto plantea que los bienes queden en manos de la cooperativa Farmacoop, siempre y cuando esa organización “dirija parte de su capacidad productiva a cuestiones estratégicas en salud pública en articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” y “dé continuidad a las actividades sociales, educativas y de investigación que en estos inmuebles se desarrollan”.
En los fundamentos, la iniciativa presentada en el Congreso admite que hasta ahora la cooperativa no pudo transformarse en un proyecto exitoso y que la empresa va camino a la quiebra. “Lo logrado es insuficiente. A pesar de la dimensión del recupero y la importancia de los proyectos encarados, el futuro mediato de esta empresa es la liquidación por aplicación estricta del art. 190 de la Ley 24.522 (LCQ)”, dice el proyecto.
Aunque casi no produce, Farmacoop sigue recibiendo ayuda estatal a través del Plan Potenciar Trabajo. “A los integrantes de la cooperativa se les paga una parte del salario (con el plan)”, admitió a Infobae Eduardo “Vasco” Murúa, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Esa situación se viene repitiendo desde 2020. Son unos $25 millones anuales.
A eso se suman dos subsidios puntuales otorgados por funcionarios del Movimiento Evita, tal como reveló este medio. El primero, de $5.672.962, fue aprobado en 2020 por Emilio Pérsico, en su calidad de secretario de Economía Social. Y luego se sumó el titular del INAES, Alexander Roig, con otros $10 millones para “la realización de obras y adquisición de maquinarias para aumentar la producción del primer test rápido de detección de COVID de producción nacional”.
Llamativamente, Farmacoop también administró $50 millones entregados por Desarrollo Social. Ese dinero era para otras 16 cooperativas que no tenían vinculación con el laboratorio. Murúa asegura que fue por única vez. Los datos están en poder de la Justicia.
El proyecto de expropiación se presentó a fin de año y fue girado a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, y de Presupuesto y Hacienda. Entre los más de veinte firmantes aparecen Tomás Ledesma, María Rosa Martínez, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Vanesa Siley, Daniel Gollán (ex ministro de Salud bonaerense), Juan Carlos Alderete, y el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, uno de los primeros en visitar y promocionar a la cooperativa Farmacoop.
