El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy que la reforma judicial es una cuestión prioritaria para el Gobierno y reiteró su pedido para que la Cámara de Diputados debata la propuesta oficial, que ya tiene media sanción del Senado, mientras aguarda que el Consejo Consultivo le entregue sus recomendaciones finales para el mejoramiento del sistema de justicia.

«No entiendo por qué no la tratan», expresó el Presidente sobre la demora en la discusión del proyecto de reforma judicial enviado al Parlamento meses atrás y que en agosto pasado recibió el aval de la cámara alta.

En declaraciones a la radio online FutuRock, Fernández consideró «incomprensible» esa tardanza y aseguró que en la iniciativa fue «muy cuidadoso en garantizar la transparencia en el nombramiento de jueces subrogados».

«Es mentira que esta ley sirva para garantizar la impunidad de alguien o para manipular jueces; todo es el resultado de una prédica mediática falsa», enfatizó el jefe de Estado, quien contó que ayer conversó sobre el tema con el titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner.

Entre otros puntos, la propuesta del Ejecutivo unifica los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires; y crea juzgados federales en las provincias para lograr equidad en el sistema federal de justicia, además de nuevas Cámaras de Apelaciones, defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

Fernández subrayó hoy que el capítulo que crea los tribunales federales en el interior del país fue tomado de un proyecto del macrismo.

Establece que la Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados de ese fuero que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.

El Consejo elegirá de esa lista a los 23 subrogantes, ponderará los antecedentes curriculares en materia penal federal y respetará la paridad de géneros en la selección.

«Para poder nombrarlos, la ley fija que se necesita los 2/3 del cuerpo, por lo que se requiere el acuerdo de la oposición», advirtió el Presidente sobre esos candidatos.

Fernández pidió tener en claro que «ya pasó el momento inicial donde quisieron hacer creer que esta iniciativa pretende darle impunidad a alguien o manipular jueces» y, como ejemplo, citó a Rosario, que necesita un sistema de justicia adecuado para tratar el «crimen organizado del narcotráfico» y el caso de la explosión de 1995 de la fábrica militar de Río III (Córdoba), que fue elevada a juicio 23 años después.

En este contexto, la reforma del Ejecutivo incorpora juzgados en Tigre, Avellaneda y La Matanza, y crea 413 cargos en las provincias, muchas de las cuales actualmente tienen un único juzgado que concentra múltiples competencias.

En tanto, el Presidente espera el informe que le elevará el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, convocado por el Poder Ejecutivo mediante decreto.

Ayer, el consejo de expertos en Justicia, representantes de diferentes sectores y provincias, terminó de elaborar el informe que le elevará al Presidente y sobre el que trabajó durante los últimos 90 días.

El consejo entregará en persona el informe al jefe de Estado en los próximos días, pero según trascendió en el mismo se recomendarán tribunales intermedios para descongestionar el trámite de causas del máximo tribunal, la ampliación de miembros del Consejo de la Magistratura y la elección del Procurador General de la Nación por mayoría absoluta, entre otras sugerencias.

Precisamente sobre este último punto, mañana volverá a reunirse la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y podría emitir dictamen sobre el proyecto para modificar la Ley del Ministerio Público en cuanto a las mayorías necesarias en el Congreso para elegir al Procurador General y a la Defensora General de la Nación.

Sobre el Procurador, el Consejo Consultivo apoyó además la idea de limitar el mandato con una duración de cinco años.

En cuanto a la Procuración General de la Nación, el Presidente ratificó hoy su convicción de que el juez federal Daniel Rafecas es «el mejor candidato» para el puesto y destacó su «calidad técnica absoluta y sus condiciones morales indiscutibles.

El pliego de Rafecas había sido enviado al Senado en marzo pasado, poco antes del inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Pese a haber recibido alrededor de 700 apoyos y sólo tres impugnaciones, el magistrado todavía no recibió el aval de ese cuerpo para asumir al frente de la Procuración, donde se desempeña en forma interina Eduardo Casal, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en el 2016, en el primer año de gestión de Cambiemos.