Empresas de transporte urbano de pasajeros llevan un mes de reclamos por el pago de salarios adeudados en las provincias de Córdoba, La Rioja y Santa Fe y en la ciudad de Mar del Plata, con la suspensión del servicio y la modificación en la frecuencia durante ciertas franjas horarias.

En Córdoba, el transporte urbano de pasajeros de la capital comenzó a normalizarse el jueves pasado, luego de 22 días consecutivos de paro total de actividades en reclamo por deudas salariales y en rechazo a la ordenanza que impulsa la reestructuración del sistema.

El acuerdo entre la UTA y el municipio sobre el esquema de pagos de las deudas y futuros salarios se extiende hasta el 31 de octubre, mientras que el transporte interurbano mantienen el paro desde el 13 de abril y suman 107 días de inactividad en reclamo por deudas salariales.

La dirigencia de la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita); de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap); de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (Asetac) y el Ministerio de Trabajo de la provincia continúan con las negociaciones tendiente a destrabar el conflicto.

Por su parte, la capital de La Rioja es la única ciudad con transporte urbano, pero debido a la pandemia y a las dificultades económicas que aducía en los últimos años la empresa San Francisco, hace casi un mes abandonó la concesión, dando por terminada la relación laboral con los trabajadores.

Hace unos días el Gobierno riojano, informó al delegado que serán absorbidos por la nueva empresa provincial «Rioja Bus», mientras que los trabajadores se manifiestan mensualmente en la Residencia de Gobernadores en busca de una solución.

La UTA Rosario, continúa con el paro de colectivos por tiempo indeterminado (ya llevan 27 días), debido a que no tuvieron «ninguna propuesta de pago» sobre la deuda salarial que mantienen las empresas con los choferes.

El gremio reclama la correcta liquidación de haberes del pago del 50 por ciento restante del salario de junio, el pago del medio aguinaldo y los dos meses que adeudan el pago del bono de 4.000 pesos del decreto 14/20 del gobierno nacional, del que cobraron dos cuotas.

En Mar del Plata, el gremio nacional mantuvo desde el 22 de junio hasta el 22 de julio un cese de actividades en el servicio nocturno del transporte urbano de pasajeros (22 a 6), en repudio a al decisión de las empresas del transporte de suspender a unos 270 trabajadores desde el 1 de julio con el argumento de la caída en la recaudación desde que se inicio la pandemia del coronavirus.

La medida de fuerza se levantó gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia, por un pedido del bloque de concejales del Frente de Todos.

Por su parte los empresarios solicitaron el aumento del boleto único vigente en el distrito general Pueyrredon que actualmente es de $25, para llevarlo a $45: mientras que la comuna dice que el boleto tiene que valer $35,24, el bloque del Frente de Todos está en contra de ese aumento.

En Neuquén, el servicio de transporte urbano de pasajeros se cumple con normalidad solo accesible para trabajadores esenciales, en el contexto de la pandemia de coronavirus, mientras que la UTA realizó reclamos en varias oportunidades a las autoridades por temas salariales, por medidas de prevención para los choferes y el mantenimiento de las unidades.

En los paros del 12 de mayo y el 16 de abril (a los que adhirió parcialmente) la organización gremial logró acuerdos con las autoridades municipales.

A principios de julio, la UTA convocó a un paro de transporte público pero esto no afectó al servicio de Mendoza dado que los sueldos están al día, según explicó Hugo Flores, responsable del gremio en esa provincia y que otro sucede con La Pampa y Salta.

En Jujuy, la UTA realizó un paro de actividades por 48 horas el 1 de julio en reclamo el pago de salarios de mayo y junio y el aguinaldo adeudados a los trabajadores del transporte público y, si bien se garantiza un servicio mínimo, Sergio Lobo, referente de UTA Jujuy, reclamó «igualar» el reparto de subsidios nacionales para las provincias.