El Gobierno de Italia anunció una medida inédita para enfrentar la criminalidad juvenil en el país. Según anunció, el Consejo de Ministros decretó penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria. «Se refuerza la sanción de los padres que no manden a sus hijos a la escuela, que antes era penado como contravención y ahora elevamos a rango de delito con pena de reclusión», planteó el ministro de Justicia, Carlo Nordio, al presentar en conferencia de prensa el denominado decreto con «medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil».

«Responsabilizando así a los padres creemos que ayudamos a los menores», enfatizó Nordio, al ilustrar uno de los 14 artículos del decreto con el que el Gobierno busca atacar la «plaga de la criminalidad juvenil». Según dijo el funcionario, la idea es «conjugar la necesidad de la represión de la delincuencia juvenil con la necesidad de consentir de consentirles a los que cometieron crímenes de tener un recorrido no sólo punitivo, sino reeducativo».

El decreto es parte de la respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia. El texto prevé diversas disposiciones y nace, como se indica en la introducción, de la «extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano», donde se cometió el ataque a las dos niñas.