La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió hoy a la Corte Suprema abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.
El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.
El pedido fue hecho por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.
El diputado bolsonarista Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas, y el hermano de este, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin a Bolsonaro el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.
El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.
El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia, quien fue expulsado del cargo el 23 de marzo.
El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la casa de gobierno.
El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.
Pero la jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un «mero observador» de posibles delitos siendo cometidos.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati de insumos médicos denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de vacunas durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.
