La exprocuradora Alejandra Gils Carbó dijo hoy que «no hay argumentos y son acusaciones totalmente misóginas» las imputaciones vertidas en la elevación a juicio oral de la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 como nueva sede del Ministerio Público, al tiempo que remarcó la «persecución judicial» en su contra.

«No hay argumentos, no se entiende por qué delito me acusan», cuestionó en diálogo con Radio 10, y además reveló que la elevación a juicio le fue comunicada por mail «cinco minutos antes» de declarar en la causa sobre la Mesa Judicial macrista y sobre «la persecución de (el juez que elevó su causa a juicio Julián) Ercolini y (Claudio) Bonadio», en su contra.

«Me entero de la elevación cuando me siento a declarar y voy a buscar en el mail, el link de la audiencia. Cinco minutos antes de mi testimonio, me encuentro con que me acaban de mandar la notificación de la elevación a juicio», contó Gils Carbó.

De ese modo se refirió a la decisión del juez federal Ercolini, quien ayer elevó a juicio la causa por la compra del edificio bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública, acusación que la exprocuradora y sus defensores consideran que «ni por casualidad está demostrada», como señaló ayer a Télam el abogado León Arslanian.

La propia Gils Carbó, en las declaraciones radiales, repasó hoy los orígenes de la causa, y en ese sentido amplió: «La denuncia empezó con un sobre anónimo bajo la fiscalía de Carlos Rívolo, que decía que yo había comprado un edificio para beneficiar a mi exmarido. Como esa hipótesis no pudo durar más de 3 o 4 días, y luego de que la Cámara dijera que yo no cobré comisión y que no perjudiqué al Estado, luego dicen que yo direccioné esa licitación porque quería un edificio señorial para la Procuración».

«Dos argumentos que, además de que no existen esos delitos, son misóginos. De hecho, cuando leí la elevación a juicio dije ‘me voy a fijar si siguen repitiendo esto, porque es una acusación de género’, y veo que ahora pusieron que hubo un plan complejo (en la compra) pero sin explicar cuál es», afirmó.

La elevación a juicio de la causa por la compra del inmueble se produjo el mismo día que Gils Carbó acusó al expresidente Mauricio Macri de haber ejercido violencia en su contra desde el aparato del Estado a los fines de obtener su renuncia, según reconstruyó Télam de fuentes judiciales.

En ese caso, la extitular del Ministerio Público declaró como testigo en el marco de la causa que investiga las presiones de la «Mesa Judicial» de Cambiemos sobre jueces y fiscales no alineados con la Casa Rosada en el período 2015-2019.

En la entrevista radial, Gils Carbó afirmó hoy que la persecución en su contra «comenzó en agosto de 2015, en la campaña de Macri, donde (el expresidente) decía que yo me tenía que ir del cargo, y salía un coro de funcionarios, y una serie de advertencias».

«Y antes de asumir -continuó-, el 2 de diciembre en una nota de La Nación (Macri) dijo: ‘encárguense, no la quiero en mi Gobierno’, y parece que algunos salieron a cumplir su misión como los jueces Ercolini y Bonadio», sintetizó.

Además, la exprocuradora planteó que ella «tenía el antecedente de haber frustrado el intento» del propio Macri, cuando este era jefe de gobierno porteño, de «crear una Inspección General de Justicia porteña, violando la ley, para tener un lugar propio donde registrar las sociedades, lo cual era un escándalo».

«Eso me reveló, siendo yo fiscal de Cámara, que había un interés muy grande (de Macri) para pasar por encima de la ley», dijo y en ese sentido subrayó que eso «fue lo que hizo (el expresidente) con la Inspección General de Justicia Nacional durante su gobierno, cuando todas las limitaciones que habían puesto para las off-shore fueron quitadas, y luego, cuando surgen los Panamá Papers, inventan las Sociedades Anónimas Simplificadas».

Y luego indicó que su «perfil» como procuradora, como «experta en delitos económicos» y por «haber tenido una acción activa en detectar y denunciar fraudes», no iba a estar en línea con las prioridades «de un gobierno que le dio prioridad a los negocios, y que tenía que ver con empresas poderosas de grupos allegados a él (por Macri), donde hubo la más grande evasión fiscal y fuga de capitales».

«No les interesaba alguien que fuera a poner el foco en esas cosas», resumió en ese sentido.

Luego, al ser consultada por los motivos que la llevaron a renunciar, Gils Carbó señaló que durante el gobierno de Macri ella tenía «al juez Bonadio acusando a mis hijas por tener un portal de noticias con delitos que sumaban 10 años de prisión».

«(Bonadio) hizo tareas de inteligencias reiteradas durante más de un año en el domicilio de mi hija mayor, mandaba oficios a todos sus trabajos para provocar daños, y la ponía asociada a una causa por asociación ilícita, en una época donde había detenciones arbitrarias, perseguían a los hijos y, por ejemplo, veíamos lo que pasaba con Florencia Kirchner», revivió.

En el mismo sentido, afirmó que durante el gobierno de Macri «también habían conseguido que un juez dicte una sentencia donde se podía remover a un procurador por cualquier cosa» y que además «habían sacado una ley para poder suspender al procurador sin juicio político, sin sumario».

«Las instituciones tenían un grado de degradación donde a mí se me hacía imposible tener elementos para permanecer en el cargo», completó.

Estos antecedentes formaron parte de la declaración como testigo que realizó ayer la propia Gils Carbó ante el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación en la causa que investiga las presiones a jueces y fiscales por parte de la gestión Cambiemos.

En su testimonio, la extitular del Ministerio Público reconstruyó –recurriendo incluso a recortes de diarios- cómo fueron los «aprietes» de los que dijo haber sido víctima.

Y agregó que, como las presiones a través de los medios no dieron resultado, el tema pasó a la Justicia, donde a través de una denuncia anónima se la involucró en la supuesta compra irregular del edificio de Perón al 600.

Ercolini la envió a juicio oral por este expediente, noticia que se conoció justo al mismo tiempo en que Gils Carbó relataba ante la Justicia, con detalles hasta ahora desconocidos, las presiones y mensajes intimidatorios ejercidas contra ella y su familia.