La iniciativa se aprobó con una Legislatura rodeada de manifestantes. El proyecto tuvo un tratamiento exprés. Se trató el martes en Diputados, ingresó este miércoles al Senado y se aprobó por un voto de diferencia.
La provincia de Salta, gobernada por el recién reelecto Gustavo Sáenz, ya cuenta con una ley que regula el derecho a la protesta. El protocolo antipiquetes, como se lo conoce, se impuso en el Senado por un voto, 11 a 10. El mismo recorrido hizo 48 horas antes en la Cámara de Diputados salteña. La sesión se realizó mientras en las cercanías de la Legislatura se realizaba una manifestación contraria a la norma sancionada.
El tratamiento se llevó a cabo con la Legislatura vallada para mantener a distancia una manifestación encabezada por trabajadores de la educación y la salud, que están ingresando a su quinta semana de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Cientos de personas se congregaron frente a la Legislatura en rechazo a la polémica ley que se propone como una herramienta para «conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas».
Ley Antipiquetes de Salta
La ley sancionada establece requisitos para llevar adelante una protesta o manifestación pública: «Debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo», o ante la autoridad que regule la norma.
En la notificación se deberá informar el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y las y los responsables u organizadores. Una vez aprobada la protesta, la autoridad reguladora «deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos» de libre circulación y de expresión, principalmente.
«Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada», sostiene la ley que sería aplicada por el Ministerio de Seguridad de Salta.
