El municipio de la localidad cordobesa de Río Tercero resolvió imponer la realización de trabajos comunitarios a quienes participen de eventos clandestinos durante la pandemia de coronavirus utilizando para eso el Código de Faltas.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR), dijo a Télam que lo que se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”, en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”.

Río Tercero, ubicado en el departamento Tercero Arriba del valle de Calamuchita, no dictó una norma específica para la pandemia, sino que se aplican multas a las infracciones contempladas en el Código de Faltas Municipal que rige desde 2007.

Esa norma sanciona con multas de entre $40.000 y $200.0000, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afecten a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas.

Ferrer detalló que la norma legal establece que la imputabilidad alcanza a los mayores de 16 años, y que en el caso de las infracciones cometidas por los menores de 16 la responsabilidad del cumplimiento de las sanciones recae sobre los padres, tutores y representantes legales.

“No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”, aseguró el intendente, al explicar que la iniciativa de extender la norma a las fiestas clandestinas surgió por la sucesión de eventos ilegales que se están registrando.

Los infractores pueden optar por pagar la multa o permutar por trabajos comunitarios, y en ese sentido el funcionario adelantó que siete adolescentes que participaron en un evento reciente ya optaron por las tareas comunitarias, que consiste en trabajos de entre 10 y 15 horas, divididos hasta en siete jornadas, cuyas tareas son asignadas por el Departamento de Recursos Humanos.

“Hay buena aceptación de los padres y de gran parte de la sociedad hasta el momento”, destacó Ferrer, intendente de esa población con alrededor de 50.000 habitantes.

El 8 de abril último el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María aprobó una ordenanza con similares características que sanciona con trabajo comunitario a los organizadores, promotores y participantes de fiestas clandestinas.