Un asentamiento en la zona sur de Posadas, que fue ocupado por vecinos de Misiones en el peor momento de la emergencia sanitaria y social, fue bautizado el año pasado con el nombre de “Alberto Fernández”. Después de poco más de un año de conflicto territorial e intentos de desalojo, el gobierno misionero comenzó a regularizar la usurpación de las tierras, a partir de un acuerdo para la cesión de los derechos sobre los lotes.

En el predio viven unas 167 familias que ocupaban de manera irregular lotes pertenecientes a propiedades privadas. Tras varios meses de negociaciones, del que participaron organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el jueves pasado se entregó la primera etapa de 53 boletos de compraventa entre los ocupantes y uno de los propietarios.

La venta de las tierras se efectuará en un plazo de 26 meses, con una cuota inicial de $3500 ajustadas al UVI y un tope de incremento mensual del 2%. “Todas las familias firmantes dispusieron de una caja de ahorro sobre la cual se efectuará el débito automático de los montos pactados”, precisó la titular del área de Emergencia Social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPDH), Lucia Bauman.

La ocupación se produjo en el momento de mayor impacto social de la pandemia, en los meses de marzo y abril de 2020. El barrio popular está ubicado en el acceso al Barrio “Néstor Kirchner” de Posadas, frente al asentamiento Los Patitos II. Al principio, el vecindario fue bautizado como Los Patitos III, pero se popularizó el nombre entre las familias asentadas como barrio “Alberto Fernández”.

Lucia Bauman, una de las funcionarias provinciales encargadas de la tarea, indicó que pudo llegar a la suscripción de las documentaciones luego de que se finalizara el relevamiento social sobre la totalidad del asentamiento, del que participaron asistentes sociales, escribanos y agrimensores. Para encauzar la solución, se creó una mesa de diálogo entre los ocupantes, propietarios y los mediadores, Andrea Gamarra, vicepresidenta de la comisión barrial, y Richard Matoso, ambos del Movimiento Evita.

“Se impulsó un fuerte reordenamiento territorial, para que cada familia se instale en un lote debidamente delimitado y poder de esa manera tomar intervención la Dirección de Notarial que confeccionó los instrumentos legales necesarios para hacer viable la transacción”, comentó la directiva de IPDH.