Los jueces del Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa de la obra pública tienen un objetivo: que antes de fin de año haya veredicto para que esté lo más alejado posible del calendario de las elecciones presidenciales del 2023. Y para cumplir con esa meta, el juicio sumará un día más de audiencias y los magistrados trabajan en otras medidas para acelerar el proceso.
Desde mayo del 2019, el tribunal tiene a cargo el juicio contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, parte de los 13 imputados. Se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kichner.
Hoy el juicio, que está en la etapa final de testigos, se hace todos los martes y lunes de por medio. Pero en breve se hará todos los lunes. Eso ocurrirá cuando el juez Basso termine dos juicios -uno de lesa humanidad y otro se narcotráfico- que está realizando como integrante de un tribunal oral federal de La Plata. Esos procesos se prevé que finalicen a fin de mes y así desde abril el juicio por la obra pública será todos los lunes y todos los martes.
Pero hay otras medidas que los jueces analizan para que antes de fin de año haya veredicto. Una tiene que ver con la etapa final de los testigos. Hoy a las 9:30 declarará Alejandro Mon y mañana Martín Cergneux, dos ex funcionarios de Vialidad Nacional. Luego será el turno de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, actual intendente de Capitán Sarmiento y quien presentó en 2016 la denuncia penal de esta causa. Y finalmente los peritos oficiales y de las partes que hicieron el peritaje del caso. Son ocho, entre contadores e ingenieros. Son los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los de la Fiscalía y de algunas defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner.
El tribunal analiza la posibilidad de que los peritos declaren todos juntos, como en una suerte de coloquio, y no cada uno en una audiencia. “Además de agilizar va a permitir un mejor debate entre ellos”, explicó una fuente. Así en lugar de ocho audiencias o inclusive más -si son citados individualmente-, son dos audiencias las que podría llevar la declaración conjunta de los peritos.
Con esos expertos se termina la etapa de prueba -resta analizar si son convocados algunos testigos desistidos y otros cuya situación está pendiente, pero serían pocos- y luego comienzan los alegatos. Es el momento en el que las partes piden las condenas y las absoluciones de los acusados.
Para esa etapa el tribunal también piensa en una organización especial. Una medida es que haya un día más de audiencias por semana. Ya no dos, sino tres días para los alegatos. Y también fijarle topes de tiempo a cada una de las partes, tal como establece el Código Procesal Penal. “Si dejas que cada parte te pida la cantidad de audiencias que quiere no terminas más”, explican en tribunales.
Un ejemplo de que el tribunal busca agilizar la última etapa ocurrió la semana pasada durante la declaración de Jaime Mecikovsky, de la AFIP. Se preveía que iba a ser una declaración extensa -duró nueve horas-, que inclusive podía llevar más de una audiencia. En un tramo de su declaración un abogado pidió suspenderla y continuar otro día porque ya llevaban muchas horas y todavía faltaban varias preguntas. La respuesta del tribunal fue no, que querían terminar la declaración ese día.
Así, la idea de los jueces es que el veredicto sea este año para alejarlo de las especulaciones políticas de las elecciones presidenciales del 2023. Porque la decisión que tomen no será una más. Tendrían que resolver si condenan -en caso que el fiscal Diego Luciani y las querellas lo pidan- o absuelven a la vicepresidenta de la Nación. Nunca una vicepresidenta en ejercicio fue juzgada.
“Siempre es mejor alejar las decisiones judiciales del calendario electoral. Para que no haya dobles lecturas, por eso la idea es terminarlo este año”, le dijo a este medio una fuente judicial. Pero también en tribunales señalan que en mayo se cumplirá tres años de juicio -estuvo parado en 2020 cuatro meses por la pandemia del coronavirus- y que no se puede demorar más por lo que en tribunales llaman el “plazo razonable” para resolver los casos.
Pero los juicios tienen imprevistos que puede hacer que se demore más de los cálculos originales. Uno de esos puntos puede estar en si los acusados deciden declarar. Muchos lo hicieron al comienzo del juicio pero pueden hacerlo cuando quieran. En los juicios orales suele ocurrir que los abogados esperan a que terminen de declarar los testigos para luego decidir si sus clientes vuelven a declarar o no o si lo hacen para contestar o especificar algún punto.
