Avanza una tendencia, la creación de normas legales que impiden las manifestaciones e imponen castigos a quienes participen en protestas.

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) avanza con una reforma de la Constitución que limita los reclamos callejeros y en las últimas horas dictó un decreto en la misma línea, que fue repudiado por la CGT, la CTA y otras organizaciones sociales y políticas.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, un hombre cercano a Sergio Massa, acaba de conseguir la sanción de una ley que prohíbe los cortes de ruta totales.

En la capital de Córdoba, el candidato a gobernador Martín Llaryora, delfín de Juan Schiaretti -peronista, hoy buscando una alianza con Juntos por el Cambio-, impulsó una modificación del Código de Convivencia para sancionar con multas y días de trabajo comunitario a quienes hagan piquetes: el intento fue frenado, pero dio lugar a que un grupo de comerciantes y vecinos presentaran un habeas corpus contra los piquetes, a los que la Justicia hizo lugar, con el resultado de que hubo manifestantes detenidos.