La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) hizo hoy un presentación como Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el conflicto de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en el que aportó datos científicos para que los jueces del alto tribunal evalúen la «mejor protección del derecho a la vida, la salud y la integridad física» de la comunidad educativa y sus familias.

En su presentación, la APDH respalda las medidas establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgancia (DNU) 241/21, y advierte que para las personas hay «riesgo cierto de contraer la enfermedad derivado de la posición asumida por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», que acató el fallo del Poder Judicial porteño que ordenó la continuidad de las clases presenciales en el distrito.

En el escrito al que tuvo acceso Télam, el organismo de derechos humanos aportó datos científicos para que los jueces del alto tribunal evalúen las medidas establecidas por el DNU 241/21, entre ellas, la suspensión por 15 días de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante la segunda ola de la pandemia.

La presentación hace especial hincapié en el cálculo de la movilidad urbana, que implica la presencialidad en las escuelas que, detalla, «aumentan en un tercio de su dimensión toda vez que en el AMBA hay más de tres millones de niños y niñas en edad escolar y 300 mil docentes y no docentes, sumado a las personas acompañantes, que se movilizan diariamente».

«Teniendo en cuenta tal dato, nuestro organismo apoya las restricciones normadas en el decreto nacional debido a que en las últimas semanas la curva epidemiológica indica un aumento que requiere de medidas de restricción de circulación para evitar situaciones que favorezcan la propagación del contagio de la Covid-19», señala la presentación.

La APDH también recordó que a inicios del 2021 se dirigió al Consejo Federal de Educación «analizando el derecho a la educación en el contexto de pandemia y exponiendo una serie de recomendaciones y condiciones necesarias para el desarrollo de clases presenciales».

La presentación da a conocer diferentes herramientas para que se evalúe la «mejor protección del derecho a la vida, la salud y la integridad física de las personas que conforman la comunidad educativa y sus familias, al tiempo que expone el riesgo cierto de contraer la enfermedad derivado de la posición asumida por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

En la causa caratulada «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad», la presentación de la APDH como Amicus Curiae ante la Corte Suprema cuenta con las firmas de los miembros de la copresidencia nacional de la APDH, integrada por Guillermo Torremare, María Elena Naddeo y Soledad Astudillo, y la del presidente de la Regional CABA del organismo, Ramiro Geber.

Paralelamente, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló este domingo a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el AMBA para contener la segunda ola de coronavirus.

Tras ese fallo, la Corte Suprema de Justicia se declaró ayer «competente» para dirimir el conflicto, por lo que el máximo tribunal resolvió correr vista del expediente a la Jefatura de Gabinete de la Nación para que, en un plazo de cinco días, conteste y aporte las pruebas que considere pertinentes.