La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia privada para el 10 de marzo entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño, en el marco del conflicto abierto por los fondos de coparticipación que reclama la ciudad de Buenos Aires. Los ministros de la Corte Suprema resolvieron este jueves citar al ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre del Ejecutivo Nacional; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, de cara a acercar posiciones en esta demanda.

En la causa, iniciada en septiembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta demanda al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Puntalmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.

A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La disputa surgió luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, tras el conflicto que tuvo el Gobierno de Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional y solicitó que se dictara una medida cautelar para seguir recibiendo ese dinero mientras se definía la cuestión de fondo. Entre otros puntos, habló de la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que atribuyó al decreto y reseñó todos los antecedentes del régimen de coparticipación.

Y en diciembre del 2020, CABA reforzó su planteo con una acción declarativa de certeza para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y se condenara al Estado Nacional a pagar a la Ciudad la suma total que resulte de la pérdida sufrida en los ingresos correspondientes a la coparticipación, desde el 10 de septiembre de 2020 y hasta su efectivo pago.

En ese contexto, La Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación entre funcionarios de las Procuración del Tesoro de ambos gobiernos que no lograron avanzar.