Para la Inspección General de Justicia (IGJ), la causa en la que Mauricio Macri acusó a su fallecido padre, Franco Macri, y logró que un juez civil dijera que no tenía nada que ver con dos sociedades off shore en medio del escándalo de los Panamá Papers, fue una farsa montada entre los propios padre e hijo y sus operadores judiciales. Por eso planteó que se debe anular aquella sentencia por el proceso de “cosa juzgada írrita”, que implica señalar que se habría llegado a un fallo en forma fraudulenta, dictado por el juez Andrés Guillermo Fraga en septiembre de 2017. El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, hizo una presentación judicial en la que incluso muestra documentos donde se advierte que el ex presidente y su padre fueron directores en las sociedades “Fleg Trading Ltd.”, registrada en Bahamas, y “Kagemusha S.A”, armada en Panamá.
La denuncia le tocó al juez civil Luis Bournissen y plantea que la sentencia que “mediante la cual se desvinculó totalmente al ex presidente Macri de las sociedades off shore denominadas Fleg Trading y Kagemusha, declarándose que el mismo ‘no fue socio, ni accionista (…), que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna’, fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”. Lo que sucedió en los hechos, además, fue que con aquel fallo como base Mauricio Macri logró ser sobreseído –por decisión de la jueza Elizabeth Alejandra Paisán– en un expediente donde se lo acusaba de omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito ya que nunca había declarado esas empresas en paraísos fiscales. Luego fue desligado de otros. Las off shore en cuestión y su relación con Macri habían salido a la luz en medio de las revelaciones de los Panamá Papers, y fue tema mencionado hasta en medios internacionales.
La denuncia inicial del ex mandatario decía que su padre lo había puesto en una de las off shore sin su consentimiento, pero que de todos modos él no tenía relación alguna con esas sociedades ni había percibido dividendos. Otro de los disparadores de este expediente promovido por el propio Macri, además de la causa por enriquecimiento, era contrarrestar otra investigación que se había abierto en Comodoro Py, por una denuncia del entonces diputado Darío Martínez, que señalaba la sospecha de lavado de dinero y/o evasión, dos actividades clásicas que suelen facilitar las off shore teniendo en cuenta que proveen instrumentos y estrategias para que no se conozca la identidad sus accionistas, directivos, socios, fundadores y administradores.
